El gobierno de Javier Milei advirtió que profundizará el ajuste de los fondos que les envían a las provincias si el Congreso no aprueba la Ley Ómnibus, la cual además contiene un artículo inconstitucional que expropia a las provincias de sus recursos naturales.
A principios de esta semana, el gobierno libertario envió un borrador con modificaciones a la Ley Ómnibus, buscando el consenso con la oposición dialoguista. Sin embargo, aún existen cuestionamientos de parte de los gobernadores y legisladores, que buscan más cambios en el proyecto.
En ese marco, el vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió a los mandatarios provinciales que si el Congreso no aprueba la Ley Ómnibus profundizarán el ajuste del gasto público, lo que incluye las partidas que Nación les envía a las provincias.
Adorni planteó, en ese hipotético escenario: "El déficit cero no se negocia y dentro de esa no negociación vamos a revisar sin contemplación cada una de las partidas que el Gobierno transfiere o aporta a las provincias", en conferencia de prensa en Casa Rosada.
Desde La Libertad Avanza (LLA) no estarían dispuestos a modificar ningún otro aspecto de la ley, tal como sugiriera el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien consideró que "ya no hay tiempo".
El puñal en la espalda
Sin embargo, a pesar de las presiones del gobierno nacional, los gobernadores podrían frenar el avance de la Ley Ómnibus luego de que descubrieran un artículo que avanza sobre los impuestos provinciales.
Sucede que en el capítulo referido a la creación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), incluido en las 458 páginas de la redacción final del extenso proyecto de ley enviado al Congreso este lunes, se faculta al gobierno nacional a avanzar sobre impuestos que corresponden a la esfera constitucional de las provincias.
El proyecto de ley de creación del RIGI consta de 68 artículos que indican una amplia gama de exenciones impositivas, que llegan aplicar alícuotas del 0% para reparto de dividendos en un período de tres años, así como absoluta disponibilidad de divisas y libertad absoluta para exportar el total producido.
En rigor, se trata de un esquema más de promoción impositiva que se suma a los 32 vigentes en la Argentina.
En este caso se dirige a inversiones mayores a 200 millones de dólares, para cualquier tipo de proyecto, ya sea nuevo o para la ampliación de un desarrollo existente.
De los 68 artículos que desarrollan el marco normativo del RIGI lo que causó la ira de los gobernadores es la delegación de facultades de manera explícita por parte de la provincia hacia la administración nacional que puede disponer la condonación de todos los impuestos nacionales y los provinciales.
Es decir, el gobierno nacional podría determinar sobre los impuestos provinciales y definir el marco regulatorio para el desarrollo de la inversión.
Esto privaría completamente a las provincias de incidir en el manejo de las inversiones, lo cual es abiertamente inconstitucional ya que la Constitución Nacional establece que los recursos naturales son propiedad de las provincias y no del gobierno nacional.
Se trata de una nueva "línea roja" que, de cruzarse, rompería toda relación con los gobernadores, ya enemistados con Milei por el aumento a las retenciones al sector agropecuario.
El corte al financiamiento
Además de amenazar a los gobernadores y de buscar quedarse con sus recursos, el gobierno nacional de Milei ya avanza efectivamente sobre las provincias, buscando presionar a los mandatarios por el apoyo legislativo.
En ese sentido, Adorni, anunció este martes que el Banco Central (BCRA) limitará la capacidad de financiamiento a los gobernadores por parte de los bancos provinciales.
En concreto, lo que se anticipó es que el ente monetario no renovará la Comunicación "A" 6816, que fija el cupo de cupo de crédito que los bancos provinciales pueden dar al sector público. Se trata de un recurso que servía a las provincias para hacer frente a gastos corrientes, sobre todo, pago de salarios.
Esa norma, que fue emitida en el gobierno de Mauricio Macri, hace referencia al “Financiamiento al sector público no financiero” y habilita las asistencias financieras con destino al pago de haberes del personal por hasta el importe equivalente al límite básico individual previsto para cada entidad.
Se renovó varias veces a lo largo de estos años, y vence el 31 de enero de 2024. Pero el BCRA resolvió no extender su vigencia esta vez.
La Ley Ómnibus permite que el gobierno se apropie de los recursos de las provincias es una publicación original de El Ágora Digital.
