No tenía lugar en su cuerpo, María de las Mercedes Moreno, cuando supo que su quinta hija, aquella beba que había parido en cautiverio en 1978 a los siete meses de gestación, que le habían arrebatado sin siquiera poder acariciar al menos una vez, estaba viva y habitaba la misma ciudad en la que siempre vivió ella, Córdoba capital. Corría octubre de 2012 y faltaban unos días para que la joven, la nieta 107 en el conteo de bebés arrebatados durante el terrorismo de Estado y hallados por Abuelas de Plaza de Mayo, cumpliera 34 años. “Estaba feliz, quería abrazarla en su cumpleaños. Pero esa ilusión descomunal que le inundó el cuerpo, mi mamá tuvo que convertirla en paciencia porque mi hermana le pidió tiempo. Y luego esa paciencia se convirtió en tristeza”, cuenta Gabriela apenas días después de que María de las Mercedes, su mamá, falleciera. De los 69 años que tenía, pasó 33 buscando a su hija y otros 10 esperando para conocerla en persona, cosa que nunca logró.
Entre la multitud de hijes, nietes y bisnietes que despidió a María de las Mercedes Moreno (una mujer “potente e incansable” a la que un Epoc la “metió” en la terapia intensiva del hospital local los últimos dos meses de su vida, hasta que falleció el 4 de mayo) “faltó ella”, señala Gabriela en relación a la nieta 107 –cuya identidad se mantuvo en resguardo desde su hallazgo–. Gabriela tenía seis años cuando su mamá y su hermana fueron víctimas del terrorismo de Estado y la historia que las tiene como protagonistas marcó cada día de la vida de ellas, de Gabriela y del resto de les hijes de la mujer. “Lo único que deseó mi mamá toda su vida después de tenerla fue conocerla, poder tenerla frente suyo, decirle ‘hija’, hacerle una caricia, contarle la verdad de por qué de su ausencia. Pero no se pudo –completa la mujer–. Hubiera sido algo hermoso para mi mamá”.
La verdad sobre la ausencia
María de las Mercedes Moreno tenía 25 años cuando un grupo de tareas la secuestró y la encerró en el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba. Para entonces, fines de septiembre de 1978, la patota del “D2”, como se conocía a la institución, se había mudado a la calle Mariano Moreno y andaba en la cacería de un grupo de personas que, como María, eran familiares de presos comunes en la Unidad Penal número 1 de esa provincia y habían empezado a colaborar con presos políticos alojados allí. Básicamente, llevaban y traían información, mensajes. María estaba embarazada del cuarto hijo que tendría con Carlos Oviedo, a quien ella visitaba en la cárcel.
Su panza llevaba siete meses creciendo cuando los represores la secuestraron, y no llegó al séptimo: parió a su cuarta hija en la maternidad provincial. “Se la arrebataron, no la dejaron ni verla”, comenta Gabriela. Parturienta, María fue devuelta al D2 y luego trasladada a la cárcel de Buen Pastor. Su hija quedó en atención médica y luego, por intervención del director de la maternidad Francisco Sánchez Cressi y del juez de menores Jorge Pueyrredón, trasladada a la Casa Cuna de Córdoba, una institución que en aquellos años todavía funcionaba bajo la administración de una congregación de monjas concepcionistas.
“A escondidas, dos de mis tías, hermanas de mi mamá, pudieron ver a la beba allí, pero mi mamá nunca”, suma Gabriela. Su mamá fue liberada en abril de 1979 y, como sabía que la beba estaba en la Casa Cuna, fue “directo a buscarla”, pero no la dejaron ingresar. En el expediente que registró la apropiación de su hija, María contó que “cuatro monjas” le dijeron “acá, las subversivas no entran”. De allí se fue al juzgado de menores, en donde le negaron el parto y la amenazaron: “¿cuántos hijos más tiene usted?”, dice Gabriela que le preguntaron: “Mi mamá quedó espantada, no quería que nos pasara nada a nosotros. No tenía muchos más recursos”.
La apropiación
¿Qué fue de la beba? El juez Pueyrredón le negó a Moreno el contacto con su hija, y al tiempo habilitó su guardia “con fines de adopción” al matrimonio de Dorila Caligaris, jefa de trabajadoras sociales de la Casa Cuna, y Osvaldo Roger Agüero. Además de Pueyrredón, los asesores del juzgado Ana María Rigutto y Carlos Rodrígueez, más el subdirector de la Casa Cuna Néstor Mulqui, sabían de la libertad de Moreno y de su intención de recuperar a su hija. Todes intervinieron para evitarlo.
En diciembre de 1980, el juez Alberto Bonadero validó la inscripción de la beba como hija biológica de Caligaris y Agüero. Para validar esa mentira se valieron de un certificado de nacimiento falso firmado por el médico Vicente Spitale y los testimonios, falsos también, de Adela González y Jorge Vivanco.
La vía judicial de la búsqueda
María de las Mercedes Moreno tuvo otros cinco hijos y transitó los años de impunidad manteniendo a flor de piel el recuerdo de la niña que le habían arrebatado durante su cautiverio. En 2001, impulsada por Paola, su hija menor, retomó fuerzas y radicó por primera vez una denuncia sobre el episodio ante la Justicia. Pero no tuvo muchos resultados. Recién cuando Paola se contactó con la Conadi y con Abuelas de Plaza de Mayo la historia cambió. La familia dejó muestras de sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos. “Se pudo reunir mucha información, mucha de índole documental, en breve”, indicó la abogada del organismo, Marité Sánchez.
En 2012 la Justicia citó a una joven que, según indicaba la documentación, podía ser la hija de María de las Mercedes y su familia, para que se analizara genéticamente. Los resultados fueron irrefutables: lo era. Fue la nieta número 107.
Inacción judicial y paso del tiempo: impunidad asegurada
Cuando fue elevada a juicio, hace años, todos estos nombres integraban la nómina de acusados de cara a un juicio oral y público que involucraba a militares y policías retirados y a varios otros casos –todos vinculados con el centro clandestino que funcionó en la D2–. El expediente pasó por diferentes instancias judiciales apelatorias que sumaron demoras y generaron lo esperado: a excepción de los asesores judiciales y la testigo falsa González, todos los civiles implicados están muertos. El Tribunal Oral Federal número 2 de Córdoba debe aún una fecha para el comienzo del juicio oral y público.
Pero la demora no solo impidió el juzgamiento de los responsables. Porque, a pesar de contar con un análisis genético que confirma su vínculo biológico, la nieta 107 transitó esta década sin la totalidad de las herramientas a disposición para poder emprender el camino hacia la verdad. O, como dice la abogada Sánchez al señalar la responsabilidad de “este Poder Judicial que no habilitó justicia plena ni el abrazo a tiempo”.
