El gremio reclama un ajuste salarial de 45%, pero las empresas afirman que no pueden afrontar ese aumento porque no reciben eso de sus financiadores y porque no son formadores de precios
Esta medianoche se cumple el plazo de la conciliación obligatoria fijada por el Ministerio de Trabajo de la Nación y, de no llegarse a un acuerdo de última hora, en la negociación por un aumento salarial, los trabajadores de la salud harán mañana un paro nacional de actividades de cuatro horas por turno. Por su parte, los prestadores de la salud, tal como adelantaron el martes, reprogramarán todos los turnos no urgentes en clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico.
Como se preveía, la negociación quedó estancada: por el lado de los trabajadores, la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) exige un aumento salarial de 45%, y por parte de las empresas, la Federación Argentina de Prestadores de Salud, dice que sus socios no pueden pagar más que lo que a su vez les abonen a ellos las financiadoras (prepagas, PAMI y otras obras sociales).
Como publicó LA NACION, el martes pasado Fatsa ya había anunciado que, si “los empresarios” no les otorgan un aumento de 45% irían a un paro. Bajo la consigna “Acá no afloja nadie”, habían manifestado en ese momento: “El jueves 22 vence el período de conciliación obligatoria y el viernes 23 vamos a parar la actividad para que nadie pueda hacerse el distraído”.
Asimismo, la FAPS insistió en que no se van a comprometer a pagar un aumento si no reciben los recursos por parte de prepagas, PAMI y obras sociales. “Ante la falta de respuesta concreta que garantice los recursos para poder afrontar la paritaria en curso, informamos que: 1)Trasladaremos a los salarios el mismo porcentaje de actualización que cada uno de los financiadores reconozca sobre el valor de las prestaciones, porque no podemos ofrecer más y no nos parece justo ofrecer menos. 2) Trasladaremos ese porcentaje en el mismo período en que se haga efectivo el incremento del valor de las prestaciones, porque ya no podemos sostener financieramente las demoras del sistema. 3) Todos los prestadores deben recibir el mismo porcentaje de actualización de aranceles”, afirmaron en un comunicado.
Además, en el mismo comunicado, la FAPS señaló que, como empleadores de más de 320.000 personas en todo el país, asumían la responsabilidad de generar los recursos necesarios para pagar salarios y poder prestar servicios normalmente, pero que, sin embargo, esos recursos no los generan libremente en el sistema de salud en el que interactúan. “No somos formadores de precios. Nuestros ingresos –que en definitiva son los recursos de los trabajadores– están estipulados por los aranceles que definen los financiadores. Y si los financiadores no actualizan los aranceles que pagan, nuestros ingresos pierden día a día frente a los costos en alza”.
Este conflicto, que deriva en el paro de mañana y en la reprogramación de turnos no urgentes, es parte de una crisis profunda del sistema de la medicina privada en la Argentina, que llegó a un punto extremo de falta de financiamiento. Esa situación, según se afirma desde la Unión Argentina de la Salud (UAS), se debe a que el Gobierno no autorizó los ajustes de las cuotas de los planes en línea con el encarecimiento de los costos.
La falta de respuesta por parte del Gobierno llevó a empresas de medicina prepaga, obras sociales y otros actores del sector a presentar una medida cautelar ante la Justicia, para que se les reconociera el derecho a ajustar sus cuotas conforme se le encarecieron los costos. Hasta el momento, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 les dio la razón y, en principio, están autorizadas a aumentar 26% a partir de septiembre. De todos modos, eso será apelado por el Estado y habrá que ver qué se resuelve en definitiva.
