Agarrándose de que había algunas pensiones por discapacidad irregulares, el Gobierno, en lugar de revisar y mejorar el sistema decidió directamente destruirlo. Hubo despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad, se dieron de baja programas públicos y pusieron al frente de la agencia al abogado de Milei, Diego Spagnuolo, quien claramente no tiene el conocimiento necesario.
Cientos de familias se vieron afectadas por estos recortes quedándose sin la medicación necesaria, sin subsidios para electrodependientes y hasta sin sillas de ruedas por lo que, como pueden, salieron a hacer notar su situación.
El ataque directo del Gobierno contra las familias que conviven con alguna discapacidad llegó a los medios internacionales, como Telesur, que tratan de mostrar la falta de empatía del gobierno de Javier Milei.
