
El gobierno de Javier Milei le envió a la oposición un borrador con los cambios que aceptó en el proyecto de la Ley Ómnibus para tratar de conseguir los votos para la media sanción en Diputados. Aún así, el panorama del proyecto es incierto debido al mantenimiento de las retenciones al sector agropecuario.
Luego de un domingo frenético para la política, el Gobierno envió al Congreso el texto con las devoluciones a las modificaciones que solicitó una parte de la oposición a la Ley Ómnibus.
El objetivo del gobierno es conseguir las voluntades para acelerar el tratamiento y lograr la media sanción de la Ley antes del paro general y movilización de la CGT previsto para este miércoles 24.
Sin embargo, en estos momentos, los diputados de los bloques “dialoguistas” analizan el documento para evaluar si llegan a un acuerdo o si exigen más cambios.
Las mayores novedades del texto remitido por la Casa Rosada es que se acepta una nueva movilidad jubilatoria ajustada por inflación, se da marcha atrás con el aumento de las retenciones a economías regionales (con excepción del vino) y se acota las facultades delegadas, entre otras.
Uno por uno, los principales cambios
En cuanto a jubilaciones, el gobierno cambió su proyecto. En un primer momento aplicará la fórmula actual de movilidad previsional hasta abril y luego actualizará habares por la inflación calculada por el INDEC.
En paralelo, el nuevo texto elimina las jubilaciones de privilegio para Presidente y Vicepresidente, que se habían mantenido cuando el gobierno de Alberto Fernández eliminó otras jubilaciones de privilegio a inicios de 2020. Aun así, continuarán existiendo las jubilaciones de privilegio para jueces de la Corte Suprema.
Por otra parte, el Gobierno dejó a YPF fuera de la lista de empresas públicas que quedarían "sujetas a privatización".
Asimismo, para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.
Por otra parte, en cuanto a las facultades extraordinarias del Poder Ejecutivo, se eliminó la declaración de la emergencia en materia social y de defensa.
Además, el gobierno aceptó reducir el plazo de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa y de las delegaciones legislativas a un año, con la posibilidad de prorrogarlas por un año más con aprobación del Congreso.
Originalmente, el proyecto establecía la delegación por dos años, prorrogables por otros dos.
Respecto al sector pesquero, el proyecto propicia la licitación de las cuotas pesqueras y se refiere a la "confusión" que se produjo en la anterior redacción como consecuencia de la incorporación de la palabra "internacional".
Sobre eso, el Gobierno aclaró: "Esta palabra es removida en esta versión clarificando dicha confusión". También, se eliminaron las derogaciones de los artículos 25 y 40 de la Ley N 24.922, con lo cual se mantiene la obligación de descargar en puerto y de contar con tripulación argentina.
En cuanto al impuesto a los bienes personales, se establece ahora un "beneficio para sujetos cumplidores".
"Aquellos contribuyentes que hayan cumplido en tiempo y forma la totalidad de sus obligaciones fiscales respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales de los períodos fiscales 2020 a 2022, inclusive, tendrán una reducción de la respectiva alícuota de dicho impuesto para los períodos fiscales 2024, 2025 y 2026", señala el nuevo texto.
Milei también concedió retirar una serie de apartados del texto original de la Ley Ómnibus para que sean tratados a partir de marzo, en el período de sesiones ordinarias.
Entre ellos, se destacan el Juicio por jurados, los temas de salud mental, los cambios en la ley de sociedades, la discusión sobre el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, y tres temas de la reforma electoral (secciones uninominales, el futuro de las PASO y el régimen de partidos políticos).
Además se establecen retenciones del 0% para las economías regionales. A su vez, se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir los derechos de exportación. Solamente se mantiene la facultad para poder reducirlas.
De este modo, el proyecto final descarta la posibilidad de aumentar los derechos de exportación de los productos derivados de la soja de un 31 a un 33%.
Por último, el Gobierno eliminó la mayoría de los cambios que implicaban el desfinanciamiento del INCAA, dio marcha atrás con el cierre del Fondo Nacional de las Artes (FNA), y dispuso que haya "mejoras" en el manejo del Instituto Nacional de la Música (INAMU) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP).
En el caso del Instituto del Teatro, sus funciones serán absorbidas por la Secretaría de Cultura manteniendo los fondos.
Tensión por las retenciones
Pero la tensión política con la oposición podría continuar ya que Milei no aceptó los pedidos de los gobernadores para que no haya aumentos en las retenciones al maíz, trigo, derivados de la soja, la carne y la industria, además del petróleo y la minería.
Esta es una línea roja especialmente para los gobernadores de la zona centro del país, como el santafesino Maximiliano Pullaro (UCR) y el cordobés Martín Llaryora que ya advirtieron que no apoyarán ningún aumento de retenciones.
El proyecto original de la Ley Ómnibus establece una suba del 12% al 15% de las retenciones al trigo y al maíz, del 9% al 15% para la carne vacuna y del 31% al 33% para el aceite y harina de soja.
Quienes también se pronunciaron en contra de las retenciones fueron los referentes del Frente Renovador de Sergio Massa. El FR realizó una intensa campaña por redes sociales este fin de semana para oponerse al aumento de retenciones que proponía el gobierno.
Cabe recordar que fue el ex ministro de Economía quien impulsó la eliminación de las retenciones a las economías regionales.
El panorama en el Congreso
La respuesta del Poder Ejecutivo apareció luego de que los 10 gobernadores de el PRO y la UCR realizaran una reunión para meter presión a la discusión.
Participaron Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy).
Mientras que Gustavo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) mandaron representantes.

Reunión de los gobernadores de la UCR y el PRO
En representación de los legisladores participaron Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, Rodrigo De Loredo, titular del bloque de la UCR, con Alejandro Cacace (UCR), Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot de Hacemos Coalición Federal (HCF).
El cónclave se hizo el domingo a la mañana por Zoom. Allí, los mandatarios y legisladores insistieron en que si la Ley Ómnibus imponía retenciones a las economías regionales y al "campo", no la apoyarían.
Cabe recordar que La Libertad Avanza (LLA) tiene apenas 38 diputados y requiere imperiosamente el consenso de un centenar de escaños ajenos.
Además de las retenciones, los gobernadores opositores no estaban dispuestos a votar una ley que ajuste a los jubilados.
Hasta antes de recibir el documento del Gobierno, los gobernadores de la UCR y el PRO analizaban hacer una reunión presencial para este martes en Buenos Aires. Incluso, barajaban pedirle una reunión en persona a Milei para discutir las modificaciones al proyecto.
Por estas horas, los mandatarios se encuentran con sus equipos técnicos estudiando el texto con los cambios que aceptó la Casa Rosada y tomarán una decisión durante la tarde.
Por ello, no se descarta que la oposición insista con revisiones al texto. Sobre todo porque se trata de un documento informal que deberá ser plasmado de forma normativa para recién ahí discutirlo en el Congreso.
El gobierno envió al congreso la nueva versión de la Ley Ómnibus buscando consensos con la oposición dialoguista es una publicación original de El Ágora Digital.