Con 134 votos afirmativos, 117 negativos y cero abstenciones, el Congreso aprobó de manera definitiva la reforma de la Ley de Glaciares. Y el Gobierno Nacional lo celebró con críticas y chicanas contra organizaciones ecologistas.
Lo hizo a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, que calificó la sanción como “histórica” y sostuvo que introduce una “precisión científica” sobre el alcance de la norma vigente.
Para la gestión Milei, los cambios permiten continuar protegiendo los glaciares y las geoformas periglaciares con funciones hídricas, pero habilitan la explotación minera en áreas que, aseguran, estaban “mal catalogadas”.
En ese sentido, el Gobierno cuestionó la redacción original de la ley al considerar que generaba “interpretaciones absurdas” que derivaban en la prohibición de actividades incluso en zonas donde “no había nada que proteger”.
Para la Casa Rosada, ese escenario contrariaba principios constitucionales como el uso racional de los recursos naturales y el dominio originario de las provincias.
El comunicado también subraya que la reforma responde a reclamos de distritos vinculados a la actividad minera, en particular los que integran la denominada Mesa del Litio y la Mesa del Cobre.
Según el Ejecutivo, la nueva normativa “devuelve a las provincias la competencia que les corresponde” para identificar, proteger y administrar sus recursos.
El Gobierno afirmó que la modificación de la ley elimina “distorsiones ideológicas” y “trabas artificiales” que frenaban el crecimiento económico. Y consdieró: “El cuidado genuino del ambiente y el desarrollo no son enemigos”.
CRÍTICAS A AMBIENTALISTAS
Desde la Oficina del Presidente señalaron que “los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron” y apuntaron contra “ecologistas empecinados en impedir el progreso de la República Argentina”. En esa línea, aseguraron que esas agendas “encontraron en este Gobierno su mayor enemigo”.
AGRADECIMIENTOS
El presidente Javier Milei agradeció además a legisladores y gobernadores que respaldaron la iniciativa, entre ellos Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza), junto a funcionarios del área legal y del sector minero que participaron en la redacción del proyecto.
Para el Gobierno, la sanción de la Ley marca el inicio de “un verdadero federalismo ambiental” y sienta las bases de una política “inteligente y soberana” para la explotación de los recursos naturales.
