En la primera sesión extraordinaria, los legisladores también tratarán un beneficio para familiares del ARA San Juan, un régimen de promoción para la construcción privada y una iniciativa que eleva el financiamiento del sistema nacional de ciencia y tecnología.
La Cámara de Diputados aprobó este jueves y convirtió en ley, en la primera sesión extraordinaria del cuerpo, el proyecto de Fortalecimiento y Sostenibilidad de la Deuda Pública que que establece que las negociaciones en materia de deuda con cualquier tipo de financiación internacional deben contar con aval del Congreso de la Nación.
El proyecto recibió 233 votos favor, 2 en contra y 2 abstenciones y contó con el aval de la mayor parte de los bloques de la Cámara baja.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto de la cámara baja, el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, sostuvo que con esta iniciativa el Congreso "aprobará un plan rector que dará certezas y confianza a la ciudadanía".
El legislador precisó que la iniciativa tiene como objetivo "establecer que sea este Congreso que no sólo apruebe un acuerdo con un organismo internacional sino un plan rector para varios años que dará certeza y confianza a la ciudadanía".
Heller destacó, además, la importancia del artículo que establece que esas financiaciones "no sean utilizadas para financiar gastos corrientes" y afirmó que esa medida "es muy adecuada porque no nos podemos endeudar en dólares para gastar en pesos".
"Este proyecto va a marcar un hito en la historia legislativa de nuestro país en relación con los antecedentes del endeudamiento público", continuó.
Para la diputada nacional, Fernanda Vallejos, presidenta de la comisión de Finanzas de la cámara baja, se trata de un tema "central" en la agenda del país y sostuvo que la iniciativa constituye "un resguardo poderoso", a la vez que destacó el anhelo de "que este proyecto, en el marco de un nuevo pacto social en el que debe basarse la reconstrucción del país, resulte un elemento constitutivo: el del NUNCA MÁS a los procesos de fuga y endeudamiento".
"Es importante que estemos empezando a recorrer este camino de fortalecer una nueva institucionalidad democrática de nuestra economía con una legislación tan necesaria como esta”, agregó.
Desde la oposición, el diputado de Juntos por el Cambio, Luciano Laspina, explicó que su bancada votará a favor el proyecto en general y solo algunos artículos en particular ya que se contradice con la Ley de Administración Financiera, y sentenció que “la Ley trae cierta claridad respecto a la potestad del Poder Ejecutivo de prorrogar la jurisdicción en materia de endeudamiento. Algunos ejecutivos lo hacían por decreto, otros por ley, y esto salda de alguna forma el debate”.
En tanto, el diputado y miembro de Consenso Federal, Jorge Sarghini, indicó que “esta es una ley que mira para adelante pero apoyada en una historia de desaciertos”.
A su turno, el legislador del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, justificó su voto negativo y explicó que “este proyecto es una verdadera impostura. Hace que el Congreso actúe como una escribanía que dé garantía a todas las operaciones de deuda en jurisdicciones extranjeras”.
El proyecto de sostenibilidad de la deuda determina que "la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones autorizadas para ese ejercicio".
En ese sentido, el texto establece que toda emisión de ese tipo que supere dicho "porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso que la autorice expresamente".
En el artículo segundo, el proyecto dispone que "todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley" del Congreso "que lo apruebe expresamente".
Durante la sesión, además, se buscará aprobar y girar al Senado el proyecto que establece un beneficio extraordinario por única vez para los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, a modo de indemnización.
Seguidamente, debatirá un proyecto impulsado por el Gobierno para implementar un régimen de promoción de inversiones en la construcción de obras privadas nuevas en todo el país. La iniciativa propone "eximir durante dos años del pago del impuesto a los activos que se destinen a obras de construcción nuevas en todo el territorio" nacional.
Además, el texto apunta a "adecuar el momento del pago de los tributos sobre las transacciones inmobiliarias, esto es Impuesto a las Ganancias o Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, según corresponda, al momento de producirse el efectivo incremento del flujo del proyecto de inversión; así como adecuar el monto imponible a su evolución en términos reales".
Por último, se tratará un proyecto sobre desarrollo del sistema nacional de ciencia y tecnología que apunta a elevar el financiamiento del sistema nacional de ciencia y tecnología del 0,28% del PBI al 1%, en el plazo de 11 años.
Al comienzo de la sesión, debido a la activación del protocolo sanitario en la Cámara de Diputados, miembros de Juntos por el Cambio debieron retirarse a sus despachos por prevención, tras el test de saliva positivo del diputado Gustavo Menna que ya había tenido Covid-19, 14 días atrás. Tras un segundo examen negativo, realizado en su domicilio y luego de que el director médico de la Cámara baja, Marcelo Halac, explicara que partes del virus aún pueden permanecer en el cuerpo, sin poder de contagio, sus compañeros pudieron regresar al recinto.
También, se tomó juramento a dos nuevos diputados nacionales en reemplazo de legisladores del Frente de Todos, que renunciaron para asumir otros cargos. Se trata de Pablo González -que asumió en YPF- y Magdalena Sierra -que aceptó ser jefa de Gabinete de Avellaneda-. En su lugar, asumieron el dirigente del PJ Jorge Verón, con trayectoria en el Municipio de Río Turbio y Carlos Ortega, secretario general de Secasfpfi, el gremio de trabajadores de la ANSES, respectivamente.
