Una iniciativa legislativa propone reactivar los créditos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con montos que podrían alcanzar hasta $1,5 millones, orientados principalmente a asistir a sectores vulnerables en la cancelación de deudas.
El proyecto surge con la intención de cubrir el vacío generado tras el decreto 421/2025 y plantea que los fondos no se utilicen para consumo libre, sino que estén destinados a reorganizar compromisos financieros de los beneficiarios.
CÓMO FUNCIONAN LOS CRÉDITOS ANSES QUE REGRESARÍAN EN 2026
El proyecto prevé alcanzar a más de diez millones de personas que hoy tienen dificultades para acceder al sistema financiero formal. Entre los potenciales beneficiarios se encuentran titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE), jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con ingresos bajos, perceptores de Pensiones No Contributivas, trabajadores de casas particulares registrados y monotributistas de las categorías A a D. El objetivo es facilitar la regularización de deudas pendientes.
Para evitar un uso indebido de los fondos, la iniciativa establece que el dinero no será entregado directamente a los solicitantes. En su lugar, el ente estatal realizará transferencias a los acreedores declarados, cancelando compromisos como tarjetas de crédito, préstamos de financieras o incluso deudas informales. El trámite sería completamente digital a través de la plataforma Mi ANSES, donde cada persona deberá registrar sus obligaciones, sin necesidad de intermediarios.
En cuanto a las condiciones, el proyecto fija una tasa basada en la TAMAR más diez puntos porcentuales, con la intención de mantener el costo por debajo del promedio del crédito comercial. Además, se establece que las cuotas mensuales no podrán superar el 30% del ingreso neto del beneficiario. El monto máximo de $1,5 millones se ajustaría automáticamente de acuerdo con la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
La propuesta también incorpora mecanismos de control estrictos. Se prevén auditorías automáticas y cruces de datos con entidades financieras y emisores de tarjetas para verificar que los pagos efectivamente se destinen a cancelar las deudas declaradas. El sistema podrá rechazar operaciones que no cumplan los requisitos y reportar irregularidades, lo que derivaría en sanciones administrativas. Además, se contempla la implementación de herramientas de seguimiento público del programa.
Para su implementación, el proyecto aún debe ser aprobado por la Cámara de Diputados y luego por el Senado. Sus impulsores estiman que podría entrar en vigencia durante el segundo semestre de 2026, en caso de obtener sanción. Uno de los puntos centrales del debate será el uso de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, junto con las condiciones operativas y el presupuesto necesario.
Quienes promueven la iniciativa remarcan que el objetivo principal de estos créditos de ANSES es reducir el nivel de endeudamiento y no incentivar el consumo. En ese sentido, buscan ofrecer una alternativa formal frente a los préstamos informales, que suelen manejar tasas superiores al 200% anual, brindando a millones de hogares condiciones más seguras y previsibles.
