Este miércoles comienza la maratónica sesión en la Cámara de Diputados para tratar la Ley Ómnibus de Javier Milei. De los 664 artículos originales del proyecto, apenas quedaron en pie 386, de los cuales aún muchos de ellos son resistidos por la oposición colaboracionista. Si bien el oficialismo logrará el quórum -y seguramente la aprobación general- el debate por artículo forzará nuevas modificaciones al proyecto que no saldrá entero de la Cámara Baja.
"Todo o nada. No se negocia", dijo tajante el presidente cuando presentó la denominada Ley Ómnibus, en diciembre pasado, un megaproyecto de 351 páginas y más de 664 artículos para ser tratado durante el período de sesiones extraordinarias, con el objetivo de desregular la economía y desguazar el Estado.
Pero lo que terminó desguazado, al menos en primer término, es el propio proyecto: de aquella propuesta ambiciosa del gobierno libertario se redujo casi a la mitad y uno de los ejes de la norma, el capítulo fiscal, quedó afuera. En concreto, hubo una merma de 278 artículos.
La Libertad Avanza (LLA) no tuvo otra opción que negociar con los bloques de la oposición colaboracionista para no sufrir una estrepitosa derrota parlamentaria, la primera de su inmadura gestión.
El proceso para llegar a esta sesión fue sinuoso: tras un polémico dictamen de mayoría "en blanco" aprobado en plenario de comisiones, el oficialismo siguió metiendo mano del proyecto en instancias extra-parlamentarias, con reuniones privadas filtradas a la prensa.
Pese a haber aceptado modificaciones al proyecto, el gobierno no tiene asegurado el apoyo total de sus aliados en el Congreso, por lo que la sesión que comenzará este miércoles a las 10 de la mañana promete ser maratónica en la discusión por artículos. En el Congreso estiman que la sesión podría durar entre 24 y hasta 50 horas.
Lo que se tratará en el Congreso
El paquete de privatizaciones de 37 empresas públicas será hoy uno de los temas más espinosos durante el debate en el recinto.
Si bien el Gobierno accedió a quitar a YPF, así como a una venta parcial de cuatro compañías -Arsat, Nucleoeléctrica y Banco Nación-, todavía hay diferencias entre el Ejecutivo y sus aliados para el resto de los casos.
Estas discrepancias no sólo se dan en relación con el rechazo a la liquidación de determinadas compañías con un valor estratégico, sino con cómo está definido el procedimiento. La UCR apunta a evaluar en leyes separadas cada empresa sujeta a privatización y Hacemos Coalición Federal (HCF) -en sintonía con Innovación Federal- plantea un mayor control en el proceso privatizador y que el dictamen de la bicameral se tenga que aprobar por ambas Cámaras.
También será una discusión ríspida la que verse sobre los temas en seguridad. La definición sobre lo que es una manifestación, que el Gobierno determinó como una congregación de más de 30 personas en la vía pública, así como la ampliación de lo que se considera como “legítima defensa” serán objetados no solo por Unión por la Patria (UP) y el Frente de Izquierda (FIT), sino también por la UCR y un sector de HCF.
La cantidad de áreas en emergencia por las que se podría facultar a Milei a recibir poderes especiales será otro de los temas espinosos del debate en el recinto.
A pesar de que el Gobierno accedió a reducir de 11 a 6 la cantidad de facultades -entre ellas la previsional- la oposición colaboracionista solicita que se achique aún más.
Fundamentalmente, piden que se quiten la tarifaria y energética. Se consensuó, no obstante, que el período de emergencia será por un año, prorrogable por el Congreso un año más.
Respecto de las reformas en relación con la política medioambiental, los cambios en relación con la forma de financiamiento de la ley de bosques y las modificaciones que sufrirá la forma de protección de los glaciares serán los debates más acalorados.
¿Cómo fue el desguace del Ómnibus?
El debate sobre la fórmula de movilidad jubilatoria generó numerosos reparos y el Gobierno decidió quitar el apartado del proyecto.
La suba de los derechos de exportación también se removió del texto original.
La transferencia de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro fue otro de los puntos duramente cuestionados por un sector de la oposición dialoguista, que si bien se mostró a favor de la medida, reclamó que ese traspaso se realice compensando los pasivos de las provincias con el organismo y garantizando que los flujos permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la ANSES. Por eso, el Gobierno podría avanzar únicamente en la consolidación de deuda y dejar en pausa el resto del proceso.
Todas las reformas del sistema electoral que se habían mantenido, principalmente la relacionada con el financiamiento de partidos y campañas electorales -se ampliaba la participación de inversores privados y se limitaba el gasto del Estado-, quedarían fuera del texto. El Gobierno ya había accedido a quitar de la discusión la eliminación de las PASO así como la modificación de la forma de elección de los diputados nacionales, que disponía fuera por circunscripciones uninominales.
En lo que tiene que ver con el capítulo de facultades especiales en el marco de la emergencia administrativa, se excluyó de las facultades de disolución a las empresas públicas, universidades, y entidades como el INTA y el CONICET.
Al mismo tiempo postergó el blanqueo de capitales -algo que las provincias reclamaban que los impuestos sean coparticipable- la moratoria, el adelanto de Bienes Personales y la restitución del impuesto a las Ganancias, aunque este era un proyecto paralelo.
Algunas de las reformas que tendrían respaldo mayoritario son:
Declaración de emergencia al menos durante un año, con facultades excepcionales limitadas.Cambios en el Código Penal: normativas que penalizan manifestaciones y flexibilizan la utilización de armas de las fuerzas de seguridad.Educación: se establecería el arancelamiento de la educación universitaria para extranjeros no residentes. Dejaría de ser obligatoria la Ley Micaela para todos los trabajadores estatales.Ambiente: Ley de Glaciares, Ley de Fuego y Ley de Bosques sufrirían modificaciones, aunque no con las condiciones del proyecto original.Eliminación del INADI, que dejará de ser un ente autónomo.Reforma judicial: proceso de digitalización burocrática y archivística.Derogación de la Ley de Defensa de la Competencia.Eliminación de la concepción del turismo como "un derecho social y económico" de las personas y la obligación del Estado nacional de "elaborar obras públicas turísticas".Eliminación de los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive los destinados a subsidios.
¿Cómo votarán los bloques en el Congreso?
Si bien es una incertidumbre el resultado final de la maratónica sesión, algunos bloques presentaron de antemano su apoyo total o rechazo absoluto al proyecto.
El PRO de Mauricio Macri anunció que votará a favor de todo el proyecto libertario, mientras que UP, el FIT y, tal vez, los dos de Por Santa Cruz, votarán en contra de forma unánime.
En el medio quedan los bloques de la oposición colaboracionista: la Unión Cívica Radical (34 diputados), Hacemos Coalición Federal (23), Innovación Federal (9) e Independencia (3): el oficialismo precisa de 45 de esos 69 votos para llegar a la cifra de 129 afirmativos y aprobar el proyecto.
No obstante, desde el oficialismo adelantaron que el punto más candente del debate girará en torno a las privatizaciones, las cuales son resistidas en contenido y forma por estos últimos espacios.
Desde LLA aseguraron que si no prospera el apartado de privatizaciones, podrían hacer caer todo el proyecto, levantando la sesión.
¿Cómo fue el desguace de la Ley Ómnibus antes de la sesión en Diputados? es una publicación original de El Ágora Digital.
