“UN CELULAR EN MANOS DE UN PRESO ES UN ARMA En las cárceles federales: inhibimos la señal, requisamos, incautamos y destruimos. No hay privilegios. No hay excepciones. El que las hace, las paga”. Asegura la ministra de Seguridad desde su cuenta de la red social X. Y es difícil encontrar argumentos en contra de que se les impida a las personas privadas de su libertad, el tener acceso a un teléfono celular.
El problema es, tal vez, la sobreactuación en el tema ya que, si en las cárceles federales pusieron inhibidores de señal, los celulares ya no funcionan por lo que no hay necesidad alguna de destruirlos, salvo, claro por eso del pan y circo cuando empieza a escasear el pan.
Incluso entre los libertarios se disputan la autoría de un hecho que casi no presenta oposición, y Luis Petri salió a jactarse de ser el autor de la ley original, la que obviamente había perdido validez durante la pandemia.
Entre los comentarios en las redes algunos sugieren el rescate de esos aparatos para ser donados a organizaciones de bien público, o para gente de bajos recursos, o incluso para ser utilizados como botones antipánico de los que el Gobierno dice carecer.
Por el momento la ministra decidió destruirlos y mostrar públicamente cómo lo hacía.
