Es un bombazo, un escándalo de corrupción tremendo. Pero no de este Gobierno, que ya tiene el suyo en el PAMI, sino de la gestión de Mauricio Macri en Nación y María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que terminó en el primer año de Alberto Fernández.
La Justicia investiga a exfuncionarios del PAMI y empresarios de la salud por montar una red para facturar prestaciones inexistentes, lleva por título la nota de La Nación de la periodista Camila Dolabjian.
Según la colega y sus fuentes judiciales, esta asociación ilícita operó “en filiales del conurbano bonaerense entre 2016 y 2020", y se alzó “con más de 500 millones de pesos” pero es mucho más.
Tal publica Dolabjian en su nota, “un fiscal pidió a la jueza Arroyo Salgado que los cite a declaración indagatoria”. Camila asegura que hubo una estructura delictiva que funcionó durante al menos cuatro años para desfalcar al PAMI.
Y que actores privados, intermediarios operativos y funcionarios públicos formaron lo que la Justicia investiga como una asociación ilícita para, de forma sistemática, extraer recursos de la obra social de los jubilados, lavar el dinero y pagar coimas.
CÓMO OPERABAN
“Esta maniobra, que operó entre 2016 y 2020, incluía una oficina de derivación paralela para captar pacientes y el lavado de activos a través de la firma de fachada Rafael Arcángel S.R.L. y el uso de facturas apócrifas, destinando además una porción de las ganancias al pago de sobornos o retornos millonarios a funcionarios públicos para garantizar la continuidad del esquema”, reza la nota de La Nación.
El entramado se encuentra bajo investigación en la Fiscalía Federal N.º 2 de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez, quién se concentró en el grupo de personas involucradas en el Centro de Salud Norte de Villa Adelina y el Sanatorio Mariano Pelliza, clausurado en 2020 por acusaciones de propagación dolosa del Covid-19.
Se trata de un caso que se repite casi idéntico -y se investiga- en otros municipios del conurbano. Los funcionarios imputados ya no forman parte de la estructura del PAMI, que realizó sus propias auditorías internas.
NOMBRES PROPIOS
Entre los imputados hay funcionarios del PAMI -Pablo Lera, en ese entonces director de la Unidad de Gestión Local (UGL) VIII de San Martín y Nicolás Siseles, asesor del organismo-, los dueños de una empresa llamada Rophe S.A. (Benjamín Teitelbaum y Viviana Knhol) y el grupo familiar Cerezo (José, Alexis y Mónica Bertoni).
La nota de Dolabjian concluye: “Todos están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado mediante la simulación de prestaciones médicas y sobrefacturación de días de internación inexistentes”.
CÓMO SIGUE LA CAUSA
* El fiscal federal a cargo de la investigación solicitó la indagatoria de los principales involucrados y la ampliación de declaraciones para quienes ya estaban imputados. En su última medida, se solicitó sobre 29 personas.
* La acusación sostiene que existen elementos suficientes para considerar la existencia de una asociación ilícita orientada a defraudar al Estado mediante la simulación de prestaciones médicas y el desvío de fondos públicos.
* Los delitos imputados incluyen fraude a la administración pública, lavado de activos agravado, cohecho activo y pasivo e incumplimiento de deberes de funcionario público.
