La Agencia de Recaudación de Control Aduanero (ARCA) habilitó recientemente el sistema digital que permite a los contribuyentes adherirse al nuevo régimen simplificado. Si bien la opción ya se encuentra disponible, comenzará a aplicarse a partir de las declaraciones juradas correspondientes al período fiscal 2025, que deberán presentarse en el transcurso de 2026.
La funcionalidad fue anunciada oficialmente el viernes pasado mediante su publicación en el Boletín Oficial y está orientada a disminuir las cargas impositivas que enfrentan los pequeños aportantes. Esta medida se enmarca dentro de un conjunto más amplio de modificaciones al esquema tributario vigente.
CUÁL ES EL OBJETIVO DE ARCA CON EL NUEVO RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE GANANCIAS
El nuevo régimen tributario busca reemplazar trámites fiscales engorrosos por un mecanismo más simple, pensado especialmente para contribuyentes con ingresos reducidos. ARCA indicó que esta iniciativa se alinea con una política general para facilitar la formalización económica y alentar el retorno de capitales no declarados, como los conocidos “dólares guardados fuera del sistema”.
Con la intención de asegurar la aplicación efectiva de la reforma tributaria simplificada, el Gobierno nacional intensifica el diálogo con los mandatarios provinciales. Durante la última semana, las provincias de Tucumán y Catamarca fueron las primeras en rubricar su compromiso de incorporación al nuevo esquema. Los gobernadores Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, ambos con raíces en el peronismo pero en buenos términos con la actual administración, expresaron su apoyo a la propuesta que, además, contempla el compromiso de no implementar controles fiscales adicionales en sus territorios.
Se prevé que este lunes se sumen otros líderes provinciales, como Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes podrían acudir a la Casa Rosada para formalizar su adhesión al sistema.
Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto legislativo que introduce ajustes en la ley penal tributaria y en los procedimientos administrativos. Entre los cambios se contempla la actualización de montos y plazos que han quedado desfasados por el proceso inflacionario.
Por ejemplo, actualmente la evasión simple se considera delito cuando supera $1,5 millones, un monto que no ha sido actualizado desde 2017. Con la reforma, ese mínimo se ajustaría notablemente, estimándose que el nuevo umbral rondaría los $100 millones si se actualizara según la inflación. También se plantea reducir el tiempo de prescripción de cinco a dos años, lo que aceleraría el tratamiento de causas fiscales.
Uno de los aspectos más delicados de este nuevo modelo es el acuerdo de intercambio de datos fiscales que ARCA propone a las provincias. En caso de no adherirse, las jurisdicciones quedarían excluidas del acceso a información clave proporcionada actualmente por el Gobierno nacional.
“Las provincias que no suscriban el acuerdo dejarán de recibir detalles sobre los niveles de facturación de contribuyentes, tanto personas físicas como jurídicas, así como sobre consumos superiores a los $50 millones”, señalaron desde la agencia recaudadora. El objetivo es evitar la superposición de regímenes fiscales y fomentar una colaboración más efectiva entre los distintos niveles del Estado.
Con estas reformas, el Ejecutivo apunta a ordenar el sistema tributario, reducir redundancias entre Nación y provincias, y generar previsibilidad para los contribuyentes. A la vez, busca estimular el regreso de capitales argentinos al circuito financiero formal.
Este paquete de medidas fiscales forma parte de un plan más amplio que también contempla una modernización del régimen laboral, la implementación de la Ley Bases y la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Con estas herramientas, el Gobierno espera revitalizar la economía sin aumentar la carga impositiva.
Si la propuesta es aprobada en el Congreso y logra la adhesión de las provincias, el oficialismo contará con un marco legal más robusto para avanzar en su hoja de ruta económica. De lo contrario, podría enfrentar obstáculos políticos que dificulten la implementación de sus reformas estructurales.
