Más allá de que lo anunciado por el Gobierno le abre la puerta a dinero negro que puede provenir de operaciones y mercados ilegales ya que no habría que declarar el origen, lo cierto es que se puede convertir en un problema porque, una vez mas, se hizo mal. Sin una ley que respalde el plan.
Así las cosas si hubiera, por ejemplo, un cambio de Gobierno, el ARCA podría volver a analizar todas las operaciones ya que no existe una ley que respalde el supuesto plan de blanqueo irregular que pretende el Gobierno.
Otra posibilidad es que alguien realice una denuncia contra un tercero que hace una adquisición con dinero supuestamente mal habido y como no está protegido por ley, la Justicia podría y debería investigarlo.
Todo flojo de papeles. Típico de los libertarios.
