EL LIBERTADOR se encontró con una denuncia, a través de las redes sociales, de una joven que buscaba alquilar y le pedían el pago del depósito en garantía en moneda extranjera, por la suma de 1.000 dólares. Muchas personas se sumaron a esa discusión y otros compartieron experiencias similares. Por esa razón, se consultó con la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, quienes brindaron un análisis y ofrecieron su asesoramiento.
Con la volatilidad económica, y la constante pérdida de la capacidad del poder adquisitivo que experimentan los salarios, para muchas personas es difícil acceder a la vivienda propia. Sin mencionar las altas tasas de intereses que acompañan a los créditos. Entonces, alquilar se vuelve la principal opción -o quizás la única- para tener un hogar.
Y aunque existe una ley que regula la relación entre inquilinos y los propietarios o administradores del inmueble, algunos deciden operar bajo la ilegalidad. Y sacar provecho de la situación.
NADIE GANA
Tal es el caso, que a mediados de la semana pasada una joven denunció a través de su cuenta de Twitter, que una inmobiliaria le pedía el monto de 1.000 dólares para el depósito de garantía. Que es una suma de dinero (no mayor a un mes de alquiler) que solicita la persona que alquila para asegurarse el cumplimiento del contrato. Y es devuelta cuando finaliza el acuerdo, siempre y cuando no se hayan realizado arreglos. El monto es una suma equivalente al precio del último mes de la locación, o la parte proporcional si el depósito fue inferior a un mes de alquiler.
No está demás aclarar que, este gasto estaba contemplado dentro de un contrato de comodato. Se trata de una modalidad que tomó mucha popularidad en un contexto de pos pandemia, y consiste en un préstamo de uso de un inmueble, de manera gratuita. Que será utilizado durante un período de tiempo concreto y después será devuelto, según lo acordado.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, Marcelo López Ortiz analizó esta denuncia y ante la información suministrada, dijo: «Generalmente cuando uno entrega un mes de depósito, es el mismo importe del valor inicial. Porque en base a los índices que regulan, recién vamos a saber al año, según el índice que toque en ese momento, cuál es la actualización». Y añadió el ejemplo de si un alquiler es de 100.000 pesos, el valor del depósito debe ser de 100.000 pesos. Siguiendo esta misma línea, aclaró que tampoco se pueden pedir los depósitos en dólares».
De esta manera, esos valores que se cobran por encima de lo permitido, son las entrategias que encuentran algunos propietarios o administradores para no perder ante la inflación.
«Esos 100.000 pesos se tienen que actualizar al último mes cuando termine el contrato, porque la suma de hoy, no es la misma que dentro de tres años», explicó.
Muchas personas señalaron que aunque devolvieron en las mismas condiciones que recibieron el inmueble, no les fue devuelto el depósito. En esos casos, el Presidente de la Cámara enfatizó en que se deben hacer las denuncias correspondientes.
Ortiz también resaltó otros detalles importantes que evidencian la irregularidad, «primero mínimo es de 3 años, y este contrato está por fuera de lo que es un contrato legal», afirmó.
El plazo mínimo del contrato de alquiler ya sea comercial o de vivienda es de 3 años. «Mínimo» quiere decir que podés pactar con el locador (el que se encarga de alquilar) un plazo diferente siempre que ese plazo sea mayor a 3 años.
TODOS PIERDEN
Por otro lado, también señaló que uno de los principales problemas con los que se enfrenta el sector, es con la batalla contra el aumento generalizado de los precios.
Teniendo en cuenta que la Ley de Alquileres vigente establece que los aumentos de los contratos se hagan de manera anual (cada 12 meses). Los inquilinos que firmaron un contrato en enero de 2022, recibieron en enero de 2023 un aumento mayor al 81 por ciento.
«Estamos pidiendo con carácter de urgencia que se trate la ley, porque justamente las actualizaciones se hacen al año, y teniendo en cuenta la inestabilidad económica. Debe ser el único rubro que mantiene su valor durante ese plazo», precisó.
A las actualizaciones, se le suma el pedido de bajar el plazo mínimo de tres años a dos, y los acuerdos de las negociaciones sigan como acuerdo de partes, «como siempre fue», resaltó Ortiz.
Las actualizaciones son publicadas por el Banco Central, en base a un cálculo que se realiza entre dos variables: inflación y salarios.
Por último, López Ortiz invitó a las personas que tengan dudas o consultas se pongan en contacto con la Cámara Inmobiliaria. Quienes les ofrecerán asesoramiento sobre cómo proceder y dónde realizar las denuncias correspondientes. En aquellos casos que sean necesarios.
