El caso se desató el miércoles luego de que el propietario de un corralón de materiales de construcción abriera su local pese a que su ciudad se encuentra en fase 1.
La Municipalidad de Paso de los Libres denunció penalmente este viernes a un empresario por violación del aislamiento social obligatorio y amenazas, en un escándalo en el que el acusado habría obligado a sus empleados a asistir a su empresa pese al riesgo de contraer coronavirus, debido a que esa ciudad correntina permanece en fase 1 con 35 casos positivos.
"El empresario Fernando Gregorieti, del rubro corralón de construcción, está acusado de haber violado las disposiciones de la gestión del intendente Martín Ascúa; del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; y del presidente de la Nación, Alberto Fernández", informó este viernes la comuna libreña.
El hecho denunciado ocurrió en momentos en los que Paso de los Libres registra 35 casos acumulados de coronavirus, todos de pacientes activos, además de un fallecimiento por la misma enfermedad, registrado este viernes 31 de julio."El caso de este empresario denunciado fue escandaloso cuando la ciudad ya se encontraba con comercios cerrados y calles vacías", indica el comunicado de la comuna.
Con la asesora letrada, María Luciana Leonardi, el municipio formalizó dos denuncias penales, una en la Justicia provincial y otra en sede federal contra Gregorieti, propietario de la firma El Faro, "por un hecho violento ocurrido el miércoles 29 de julio en la ciudad de Paso de los Libres", indicaron.
Las denuncias acreditan que un inspector municipal y la Policía de Corrientes fueron amenazados cuando llegaron al local de Gregorieti para clausurarlo porque estaba abierto, atendiendo al público, con varias personas adentro entre empleados y clientes.
Asimismo, la municipalidad informó que el dueño de la firma violó otra vez las restricciones "cuando abrió su local a las pocas horas de haber sido clausurado y con el agravante de tener empleados en actividad en el mismo lugar".
Una de las denuncias señala textualmente: “Que al acercarse Héctor Bonfis (inspector municipal) a la puerta a efectos de informar al supuesto propietario del procedimiento (de clausura) a llevarse a cabo, desde el interior del mismo, el señor Gregorieti procedió a vociferar insultos de todo tipo hacia el personal municipal y policial".
Luego, señalaron, una mujer siguió con los insultos y amenazas. No obstante, se labraron actas y se colocaron fajas de clausura al local comercial y al depósito ante la presencia del Oficial Ayudante Juan Carlos Medina y demás funcionarios policiales.
Horas más tarde, alrededor de las 16.20 del miércoles el comercio se encontraba con sus puertas abiertas, sin las fajas de clausura, personas trabajando y otras retirando mercaderías así como descargando un camión.
Las presentaciones penales contra Gregorieti indican que “dicha conducta importaría la presunta comisión del delito previsto y penado por el artículo 205° del Código Penal que expresamente prevé: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
Además del 205 del Código Penal, una de las denuncias contra el empresario también señala la comisión de otros delitos: “Desobediencia a una orden emanada de autoridad competente y amenazas, previstos y penados en por los artículos 239º; 149 bis y 149 ter del Código Penal, en concurso ideal y real (artículos 54º y 55º del Código Penal)”.
Las denuncias fueron presentadas ante el juzgado Federal de Paso de los Libres y el juzgado de Instrucción de la Provincia en la misma ciudad. Es la primera presentación penal que sea realiza por delitos vinculados a la cuarentena.
