El procedimiento entre el área jurídica del organismo y la policía provincial se ejecutó el pasado sábado 8 de junio. Hay niños y adultos en situación de extrema vulnerabilidad que deberán buscar un lugar donde vivir. Hace un año hubo otro intento de desalojo.
El procedimiento ordenado por una jueza provincial se inició a las 08:00 del pasado sábado. Se realizó junto a la intervención del equipo de negociadores de la fuerza para mediar entre las partes involucradas: la parte querellante y las personas identificadas como supuestos usurpadores del inmueble situado en calle Pringles y pasaje la Virgen, entre las calles Roca y Perú.
Durante varias horas de intensos diálogos y constante comunicación con las autoridades judiciales, el equipo de negociadores logró obtener una prórroga de 30 días otorgada por la parte querellante. Este periodo adicional permitirá a los ocupantes del inmueble encontrar una solución adecuada con los organismos correspondientes.
Según el testimonio de algunos vecinos es necesario que el galpón se ocupe o se desmantele ya que si no queda nadie queda ocupándolo “lo van usar de aguantadero”.
Fuentes policiales destacaron que todo el trabajo se desarrolló de manera pacífica en todo momento: “Gracias a la disposición y apertura de ambas partes para llegar a un acuerdo. La actuación profesional y efectiva del equipo de negociadores del PAR ha sido fundamental para evitar confrontaciones y asegurar un desenlace favorable y tranquilo”, expresaron.
