El STJ aprobó el protocolo de videovigilancia para oficinas judiciales penales
La medida fue aprobada en el Acuerdo N°09/26 de este martes 14 de abril y establece reglas claras para la instalación y uso de cámaras en dependencias judiciales, con fines de seguridad y resguardo de las personas.
El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes aprobó el “Protocolo para la instalación y uso de Cámaras de Videovigilancia en las Oficinas Judiciales Penales (OFIJU)”, en el marco del Acuerdo N° 09/26 celebrado este martes 14 de abril.
La decisión se adoptó al analizar el expediente presentado por la Coordinación de Oficinas Judiciales del Fuero Penal, con el objetivo de regular la instalación, funcionamiento y supervisión de sistemas de videovigilancia con fines exclusivos de seguridad institucional.
En ese sentido, el STJ resolvió: “Aprobar el ‘Protocolo para la instalación y uso de Cámaras de Videovigilancia en las Oficinas Judiciales Penales (OFIJU)’ y además dispuso extender su aplicación a todas las dependencias judiciales y del Ministerio Público”.
El protocolo será de aplicación obligatoria en las Oficinas Judiciales Penales e incluye sectores como:
Áreas de acceso y circulación pública
Salas de espera y zonas cercanas a audiencias
Pasillos
Sectores administrativos de atención al público
Ingresos, egresos y perímetro de los edificios
Finalidad y límites
La implementación de cámaras tiene como objetivos principales:
Prevenir situaciones de violencia o alteraciones del orden
Proteger a magistrados, funcionarios, trabajadores y público
Resguardar bienes e instalaciones
Facilitar la actuación ante emergencias
Registrar incidentes para su análisis institucional
El documento establece expresamente que no podrá utilizarse como mecanismo de control laboral permanente ni con fines disciplinarios indiscriminados.
Monitoreo y resguardo de la información
El sistema contará con un centro de monitoreo activo, almacenamiento seguro y control de accesos. También se designará un responsable encargado de supervisar su funcionamiento y actuar ante situaciones de riesgo.
Las imágenes tendrán carácter reservado y solo podrán utilizarse por razones de seguridad institucional, por requerimiento de autoridad competente o en el marco de investigaciones. Su difusión sin autorización está prohibida.
La colocación de cámaras deberá responder a un análisis previo de riesgo, teniendo en cuenta el flujo de personas, antecedentes de incidentes y puntos críticos de seguridad.
Además, será obligatoria la colocación de carteles visibles que informen a quienes ingresan a los espacios que están siendo grabados por razones de seguridad.
Implementación institucional
La supervisión del sistema estará a cargo del Superior Tribunal de Justicia o del organismo que se designe, en coordinación con áreas técnicas.
Con esta aprobación, el Poder Judicial avanza en la incorporación de herramientas tecnológicas para fortalecer la seguridad en sus dependencias, estableciendo al mismo tiempo criterios claros para garantizar el respeto a la privacidad y los derechos de las personas.
