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Uruguay: podrían castigar con hasta dos años de cárcel la violación de la cuarentena

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La iniciativa será debatida en el Congreso el próximo martes. El Frente Amplio anticipó que votará en contra dado que puede servir para criminalizar a personas que se vean obligadas a salir a trabajar.


En medio de una profunda crisis sanitaria, el peor momento desde el inicio de la pandemia de coronavirus, el Senado de Uruguay avanza con una reforma al Código Penal para penar con hasta dos años de prisión a aquellas personas que incumplan las normas sanitarias y violen la cuarentena.

El proyecto legislativo es impulsado en momentos en que el país gobernado por Lacalle Pou atraviesa un fuerte incremento de casos de Covid-19, que esta semana llegaron a más de 160.000 con casi 2.000 muertos. La iniciativa, aprobada en comisiones y que será debatida en el recinto el próximo martes, justifica la pena máxima "cuando el hecho se suscitare declarada una emergencia sanitaria".

"El que mediante violación de disposiciones sanitarias pusiere en peligro efectivo la salud humana o animal, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión", reza el texto de la norma que tiene fuertes chances de ser aprobado.

Uno de los principales impulsores de la medida es el procurador general de la Nación, Jorge Díaz, quien en el inicio de la pandemia planteó la necesidad de modificar el delito de daño contra las medidas sanitarias. El objetivo es transformarlo en "delito de peligro", para habilitar al Poder Judicial a imputar penalmente a todos aquellos que violen la cuarentena, en el marco de la emergencia sanitaria.

Por su parte, el Frente Amplio ya anticipó que no va a acompañar la medida. El senador Charles Carrera afirmó, en diálogo con Télam, que van a votar en contra de la modificación al delito de violación de las disposiciones sanitarias ya que consideran que "para hacer esa modificación, se debe, desde el Estado, tratar las situaciones de vulnerabilidad social". Al mismo tiempo, aseguró que las sugerencias hechas por los diputados de su partido no fueron tenidos en cuenta por el oficialismo.

Otro de los planteos que esgrimen desde la oposición es que es un delito difícil de probar y que el artículo reformado puede servir para criminalizar a ciertas personas que no tienen un sustento y tengan que salir a trabajar.

Tras el fuerte aumento de casos
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