Y el llamado «decretazo» se hizo realidad. Al final de la tarde del miércoles, contrariando las recomendaciones de expertos constitucionalistas y de exministros de Justicia; desoyendo las peticiones públicas de centros de investigación, de ONG de diversos matices ideológicos, incluidos los de centro izquierda, y sin reparar en las advertencias de académicos, analistas y de senadores, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto convocando a una consulta popular para que los colombianos se pronuncien en las urnas, el próximo 7 de agosto, sobre 12 preguntas destinadas a realizar reformas laborales. Esta determinación del mandatario colombiano tiene varias entrelíneas y riesgos. Además de la tensión política que supone, para los expertos esta acción marca una deriva autoritaria del mandatario colombiano pues el pasado 14 de mayo el Senado ya había dado concepto negativo a la realización de dicha consulta popular, cumpliendo con todos los procedimientos propios de la deliberación legislativa, y con este decreto -firmado por todo el gabinete o delegados de ministros fuera del país- el presidente desconoce la decisión mayoritaria del Legislativo, vulnerando así la separación de poderes. Pero el gobierno piensa otra cosa e insiste en hacer la consulta. De acuerdo con el nuevo ministro de Justicia y autor del texto, Eduardo Montealegre, el mandatario acude a una figura de excepción de inconstitucionalidad según la cual el presidente no desconoce las decisiones del Senado -manteniendo así la separación de poderes-, sino que argumenta que hubo irregularidades en el trámite de la votación pues el tiempo que dispuso el presidente del Senado, Efraín Cepeda (del opositor Partido Conservador), fue muy corto y manipulado, por lo cual la negativa a la consulta popular no tiene valor. Noticias relacionadas estandar Si Se busca a los autores intelectuales El atentado contra Miguel Uribe devuelve a Colombia al abismo de la violencia política Poly Martínez estandar Si Narcotráfico 2.0: a la vanguardia del crimen organizado Poly MartínezAsí, el presidente Petro saca el decreto el pasado 11 de junio, lo anuncia por su cuenta de X y en su mensaje deja una anotación adicional: la consulta popular continuará a menos que el Congreso acepte los puntos a los que se refieren las 12 preguntas que contiene. Es decir, a menos que el Senado, donde actualmente hace trámite la reforma laboral, acepte los puntos que propuso el gobierno. La Corte Constitucional recibió el decreto ayer y ahora debe iniciar su estudio, atendiendo este argumento: «Acudir a la excepción de inconstitucionalidad es urgente y necesario para conjurar un daño a la democracia y a los mecanismos de participación democrática. Impedir la convocatoria a una consulta popular con la utilización de mecanismos que evaden el debate y la decisión libre del Senado pone en riesgo la democracia participativa, bloquea ilegítimamente el pronunciamiento directo del pueblo y terminará por alterar las finalidades mismas del Estado constitucional». Mientras toma una decisión, la Corte puede suspender temporalmente el decreto.Arriesgada jugada políticaComo era esperado, las demandas por inconstitucionalidad empezaron a llegar al Consejo de Estado la misma noche del miércoles y ya en la mañana del jueves por parte de ocho partidos políticos, con presencia tanto de opositores como de partidos afines al gobierno, los cuales argumentan que es una «grave ruptura del Estado de Derecho» y piden la nulidad del decreto, el cual debe ser suspendido mientras se dirime su legalidad. Paradójicamente, anticipándose al anuncio del decreto presidencial, el mismo día del atentado contra su vida, Miguel Uribe Turbay grabó un video listo a publicarse tan pronto el presidente sacara el decreto y donde anunciaba que lo demandaría ante el Consejo de Estado. « Es un autogolpe de Estado (…). Vamos a demandar ante el Consejo de Estado la nulidad de este decreto por falsa motivación y violación del artículo 104 de la Constitución. Presentaremos denuncia penal por prevaricato en contra del Presidente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pues nadie está por encima de la ley», afirmó el precandidato presidencial.Por su parte, ayer la senadora Paloma Valencia, del opositor partido Centro Democrático, denunció ante la Fiscalía al gabinete por prevaricato, pues al firmar el decreto desconociendo la decisión del Congreso, los 19 ministros firmantes se extralimitaron en sus funciones violando la ley y la Constitución . La batalla jurídica hasta ahora empieza. El primero en pronunciarse será el registrador Hernán Penagos pues la Registraduría Nacional debe definir si acoge la solicitud del presidente Petro y convoca en tiempo récord y a un costo estimado de 180 millones de euros, la consulta popular para el próximo 7 de agosto, o si espera al pronunciamiento de las cortes sobre la legalidad del decreto.Juristas y expertos constitucionalistas analizan el hecho como una dura jugada política de Petro , quien tendría claro que su «decretazo» es ilegal, bordea el desacato a respetar la separación de poderes y será rechazado por la Corte Constitucional, pero mientras dicha corte se pronuncia, el gobierno gana espacio político y tribuna de cara a las elecciones y le permite movilizar a los ciudadanos bajo una retórica de que el Congreso y las Cortes no le permiten hacer los cambios por los cuales el pueblo lo eligió, afirmando que tienen bloqueado a su gobierno y desestimando así los procesos de estudio y votación de las reformas que ha presentado al Congreso, varias de las cuales han sido aprobadas y otras no, todo ello dentro del debido trámite legislativo.
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