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La policía citó a declarar a Bolsonaro para determinar su rol en el intento de golpe del ocho de enero

Deberá comparecer el miércoles próximo. El gobierno denuncia que la derecha impulsa una “absurda teoría de conspiración” que sugiere que el ejecutivo amparó la asonada.

La Policía Federal brasileña citó para el miércoles próximo al expresidente Jair Bolsonaro en el marco de una investigación sobre el intento de golpe del 8 de enero contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro figura como investigado en el proceso que se tramita en el Supremo Tribunal de Justicia. La causa pretende identificar a los promotores de la asonada y a quienes financiaron la movilizaron de los miles de activistas radicales que asaltaron las sedes de la Presidencia, del Congreso Nacional y la propia Corte Suprema.

El día de la asonada, Bolsonaro se encontraba en Estados Unidos. Había viajado a Orlando, en la Florida, el 30 de diciembre, para evitar entregarle dos días después la banda presidencial a Lula, cuya victoria en las urnas en octubre pasado siempre puso bajo sospecha.

La investigación busca revelar si Bolsonaro incitó a sus seguidores a protagonizar un golpe

Los bolsonaristas radicales que asaltaron los tres poderes de la Nación habían estado durante más de dos meses acampados a las puertas de los cuarteles del Ejército exigiendo un golpe, en una actitud que el expresidente jamás condenó y hasta llegó a avalar, reportó EFE.

Por esos sucesos fueron detenidas 2151 personas, de las cuales unas 300 permanecen en prisión. El resto responderá ante los tribunales en libertad.

El tribunal supremo incluyó a Bolsonaro entre los investigados a fin de determinar si, aun estando ese día en Estados Unidos, de donde regresó el 30 de marzo, incitó ese movimiento o si tuvo algún papel en la planificación de la intentona golpista.

El exmandatario está investigado en una decena de causas que tramitan en la Justicia ordinaria y en otras cuatro que también están en la Corte Suprema, así como responde por otros asuntos ante la Justicia Electoral. Uno de estos últimos casos, centrado en su campaña de descrédito contra el sistema de votación electrónico que se utiliza en Brasil, será juzgado en las próximas semanas. Si fuera hallado culpable, puede ser despojado de sus derechos políticos durante ocho años.

El gobierno de Lula denuncia “una absurda teoría de conspiración”

En tanto, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva afirmó este jueves que el bolsonarismo intenta crear una “absurda teoría de la conspiración”, según la cual el propio Ejecutivo brasileño habría sido omiso y complaciente frente a la asonada del 8 de enero.

”Quieren crear una absurda teoría de la conspiración, que es un verdadero ‘terraplanismo’, y sugerir que las instituciones, que fueron víctimas del golpe, tienen alguna responsabilidad sobre la actuación de los terroristas”, declaró el ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha.

La “teoría” a la que aludió Padilha surgió tras la renuncia del ministro responsable de la seguridad de la Presidencia, Marco Edson Gonçalves Dias, general de la reserva del Ejército.

La dimisión, anunciada el miércoles, siguió a la difusión de un video grabado por las cámaras de Presidencia el día 8 de enero, en medio del asalto simultáneo de grupos bolsonaristas a las sedes del Gobierno, del Congreso Nacional y la Corte Suprema.

Las imágenes fueron obtenidas y difundidas por el canal CNN Brasil y en ellas se ve a Gonçalves Dias, un hombre de la mayor confianza de Lula, en una actitud que pudiera parecer hasta amable con los golpistas, al igual que otros agentes de seguridad de la Presidencia.

La oposición brasileña pide crear una comisión parlamentaria para investigar la intentona golpista

El video envalentonó a la oposición, que desde hace semanas insiste en instaurar una comisión parlamentaria para investigar los sucesos de enero, con la convicción de que el Gobierno dejó actuar a los vándalos a fin de generar una “ola de solidaridad” con Lula.

Padilha admitió que esas imágenes crean una “nueva situación política” y anunció que el Gobierno, que se oponía a esa comisión con el argumento de que la investigación está en manos de la Justicia, ahora respaldará su instauración. ”Apoyaremos la creación de la comisión (parlamentaria), que será una pala de cal para las teorías de la conspiración”, y “vamos a enfrentar el debate político en el Congreso” para “desmontar esas teorías de la conspiración”, aseguró.

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