El hijo del presidente, quien no pagó más de un millón de dólares en impuestos federales antes de los plazos de 2017 y 2018, se declaró culpable de dos delitos fiscales menores. La jueza del caso, Maryellen Noreika, rechazó un posible acuerdo entre los abogados de Biden y los fiscales federales que habría resuelto su caso sin riesgo de ser encarcelado, y solicitó escritos adicionales para explicar la estructura del pacto.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó este jueves que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no indultará a su hijo Hunter, quien enfrenta acusaciones relacionadas con supuesta evasión impositiva y uso indebido de armas de fuego.
"No", dijo Jean-Pierre cuando un periodista le preguntó si existe la posibilidad de que Biden perdone a su hijo. El miércoles, una jueza federal rechazó el acuerdo de culpabilidad de Biden Jr. por cargos fiscales que habrían implicado dos años de libertad condicional y resuelto un delito federal relacionado con armas de fuego.
Hunter Biden, quien no pagó más de un millón de dólares en impuestos federales antes de los plazos de 2017 y 2018, se declaró culpable de dos delitos fiscales menores. La jueza del caso, Maryellen Noreika, rechazó un posible acuerdo entre los abogados de Biden y los fiscales federales que habría resuelto su caso sin riesgo de ser encarcelado, y solicitó escritos adicionales para explicar la estructura del pacto.
Según el convenio, Hunter se habría declarado culpable de los dos cargos fiscales y habría firmado otro documento para evitar ser procesado por otros cargos de posesión de armas. Sin embargo, Noreika cuestionó la constitucionalidad del acuerdo de desvío de la acusación de posesión de armas, afirmando que el poder judicial no supervisaría normalmente un pacto de este tipo, al que calificó de "inusual". Los términos del acuerdo habrían exigido a Biden asistir a terapia y a un programa de rehabilitación.
La posición del Departamento de Justicia
Mientras tanto, el Departamento de Justicia señaló que cualquier acuerdo de culpabilidad no resolvería otros delitos potenciales bajo investigación, incluidas las posibles violaciones de Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).
Hunter Biden fue objeto de un creciente escrutinio por sus negocios en China y Ucrania, y el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos investiga sus actividades cuando su padre era vicepresidente de Barack Obama (2009-17).
Esta es la primera vez que el Departamento de Justicia presentó una acusación contra el hijo de un presidente en ejercicio. La Casa Blanca consideró que se trataba de un "asunto personal".
"Hunter Biden es un ciudadano particular y esto era un asunto personal; como hemos dicho, el presidente, la primera dama, aman a su hijo y lo apoyan mientras continúa reconstruyendo su vida", dijo Jean-Pierre. "Este caso fue manejado de forma independiente, como todos ustedes saben, por el Departamento de Justicia bajo el liderazgo de un fiscal nombrado por el anterior presidente, el presidente (Donald) Trump", agregó.
El hijo menor del presidente demócrata (el mayor, Beau, murió en 2015 de cáncer cerebral) describió sus problemas de adicción al alcohol y las drogas en un libro publicado en 2021. En ese texto, el abogado y empresario convertido en artista, de 53 años, también aseguró que había dejado atrás sus adicciones.
El apoyo del padre presidente
El presidente siempre apoyó públicamente a su hijo menor. Durante un acalorado debate con Trump previo a las elecciones de 2020, en las que obtuvo la victoria, dijo que estaba "orgulloso" de él.
Además, rechazó las acusaciones de corrupción formuladas por la oposición republicana en el Congreso, que señaló a Hunter por supuestos negocios irregulares en Ucrania y China mientras su padre secundaba a Obama.
"Mi hijo no ha hecho nada malo y confío en él", enfatizó en mayo a la cadena televisiva MSNBC Biden, que buscará convertirse en el candidato demócrata para las elecciones de 2024 e ir por la reelección.
La investigación de la Fiscalía contra Hunter Biden comenzó en 2018, durante el gobierno de Trump, en el marco de las pesquisas sobre sus relaciones comerciales internacionales, por el temor de que tuvieran implicaciones para la seguridad nacional. Con el tiempo, la Justicia limitó su actuación a un análisis de su situación impositiva y de la compra de un arma.
