El gobierno español neutralizó parcialmente la celebración del referéndum unilateral de secesión de Cataluña, utilizando la fuerza de la Policía Nacional contra los votantes independentistas para abrirse paso y cerrar centros de votación, mientras las autoridades catalanas aseguran que se está votando con "normalidad" en el 96% de los puntos comiciales.
"No ha habido referéndum, ni apariencia de tal. Nunca tuvo sentido discurrir por esta senda de irracionalidad, ni tiene sentido que continúe", dijo la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, quien defendió la actuación "proporcional" de la policía. "Le pido al la Generalitat (gobierno catalán) y a los partidos que la acompañan que cesen ya esta irresponsabilidad, que asuman que lo que nunca fue legal es claramente irrealizable", añadió.
Como consecuencia del operativo policial, realizado bajo orden judicial ante la prohibición del referéndum, 337 personas resultaron heridas o con contusiones, según datos del gobierno catalán, que consideró "gravísimo e inaudito" el despliegue y las cargas policiales contra los ciudadanos catalanes. La actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, sin embargo, no evitó que el 96% de los centros de votación funcionaran con "normalidad", remarcó en conferencia de prensa el vocero del gobierno catalán, Jordi Turull.
