La violenta represión del gobierno de Dina Boluarte contra las masivas protestas que piden su renuncia sigue sumando las condenas. Este jueves, Amnistía Internacional (AI) dio a conocer un informe en el que denuncia que en el Perú se vienen produciendo “graves violaciones a los derechos humanos”, con “ataques generalizados contra la población” y el uso de armas letales contra las manifestaciones sociales. Califica estos hechos como “crímenes contra el derecho internacional”. Señala que el uso “abusivo y desproporcionado” de la fuerza represiva tiene un alto contenido racista contra las poblaciones indígenas andinas. El organismo de derechos humanos llama al gobierno peruano a detener el uso de armas letales en la represión. Pero reveló que en reuniones con la presidenta y ministros no recibió garantías de que eso vaya a ocurrir.
Erika Guevara, directora para América Latina de AI, señaló que en la reunión con la presidenta, ésta negó haber ordenado el uso de armas letales contra las protestas sociales. Pero la realidad no deja dudas del uso reiterado de estas armas -hay casi medio centenar de víctimas por disparos de fusil-, y del respaldo del gobierno a las fuerzas de seguridad con las declaraciones de sus más altos representantes -incluyendo a la presidenta- justificando y defendiendo las acciones policiales y militares. Amnistía indica que la responsabilidad penal por los crímenes cometidos durante la represión alcanza a quienes han disparado contra la población y a las autoridades “al más alto nivel” que han dado las órdenes, o que “por omisión” han permitido estos crímenes. En la parte más alta de esa cadena de responsabilidades penales está Boluarte.
La represión ha dejado hasta ahora 48 manifestantes asesinados por la policía y el ejército -el total de muertos desde que comenzaron las protestas en diciembre son 60- y 1.200 heridos. Amnistía asegura que muchos heridos no denuncian y no van a los hospitales por temor a ser detenidos y sometidos a procesos penales. Las autoridades acusan a los manifestantes de “terroristas”. Familiares de las víctimas son acosados y amenazados para que no denuncien.
Esta semana tres organismos de derechos humanos peruanos, el Instituto de Defensa Legal, APRODEH y Paz y Esperanza denunciaron penalmente a Boluarte, ministros y altos mandos policiales, por el caso de seis muertes y decenas de heridos en la andina Andahuaylas. También la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos peruana calificó a la represión como crimen de lesa humanidad. Y una mision argentina de derechos humanos liderada por Juan Grabois también denunció la represión.
“El ejército y la policía han usado de forma ilegítima armas letales (fusiles) y armas menos letales (escopetas de perdigones y bombas lacrimógenas) indiscriminadamente, contra la población, especialmente contra personas indígenas y campesinas. Han disparado de forma indiscriminada y en algunas ocasiones hacia objetivos concretos, matando o lesionando a transeúntes, manifestantes y quienes prestaban primeros auxilios a personas heridas”, señala el informe de AI. Denuncia que hay casos de disparos contra pobladores pacíficos que “podrían constituir la comisión de ejecuciones extrajudiciales”.
Según Erika Guerrero, “se utilizan los hechos de violencia para justificar la represión a la población que protesta pacíficamente. Que se intente tomar un aeropuerto, como ha ocurrido, no justifica de ninguna manera que se dispare contra pobladores desarmados. Los ataques generalizados a gran escala contra la población tienen la intención de castigar y silenciar a aquellas personas que ejercen su legítimo derecho a la protesta, que exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos”.
Pobladores indígenas de las zonas andinas, las más pobres y marginadas, víctimas de un racismo histórico, son la gran mayoría de las víctimas. Amnistía informa que mientras las regiones con población mayoritariamente indígena representan el 13 por ciento de la población total del país, concentran el 80 por ciento de las muertes por la represión.
“Hemos escuchado un discurso de las autoridades que estigmatiza de manera muy fuerte a las personas que protestan, especialmente a las que vienen del sur andino”, declaró Marina Navarro, director de AI para el Perú. Esta organización recogió decenas de testimonios de pobladores andinos señalando que las autoridades los tratan “como animales y no como seres humanos”. De acuerdo a este informe, “el racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas, ha sido el motor de la violencia ejercida como castigo contra las comunidades que han alzado la voz”.
Hay una persecución judicial contra dirigentes sociales y manifestantes. A la profesora Yaneth Navarro, que viajó desde la andina Andahuaylas a Lima para participar en las protestas en la capital, le han impuesto 30 meses de prisión preventiva acusada, sin sustento, de pertenecer a “una organización criminal para financiar las protestas”. Fue detenida durante una movilización pacífica, se le encontraron 1900 soles (500 dólares) y una lista para el uso de ese dinero en la compra de remedios y alimentos para manifestantes que han llegado a Lima desde el interior del país. Comunidades y pobladores de provincias han hecho colectas para financiar su viaje y estadía en Lima. Siete dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho han sido enviados 18 meses a prisión preventiva acusados de terrorismo por apoyar las protestas y exigir una Asamblea Constituyente. Pero no hay un solo policía, militar o funcionario del gobierno, acusado por las muertes en la represión. Solamente hay investigaciones de la Fiscalía que avanzan lentamente, y no ofrecen garantías.
Amnistía demanda que la comunidad internacional y los mecanismos de protección a los derechos humanos tomen las medidas “oportunas y urgentes” para garantizar el cese de la represión y la rendición de cuentas por parte de las autoridades peruanas. Al gobierno peruano se le ha pedido poner fin al uso de armas letales y usar “armas menos letales” como gases lacrimógenos “en forma adecuada y proporcional”, avanzar urgentemente las investigaciones para establecer responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos, terminar con la estigmatización contra los manifestantes y la discriminación racial, y dar apoyo a las familias de los fallecidos y heridos. “Boluarte escuchó, no dio respuestas específicas. Solo dijo que el gobierno estaba dispuesto a dar apoyo a familias de las víctimas”, reveló Erika Guerrero.
En medio de las masivas protestas que demandan su renuncia y la condena internacional a la represión, Boluarte se reunió en Palacio de Gobierno con Keiko Fujimori, que respalda su gobierno. También con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, del partido fascista Renovación Popular, y con otros dirigentes políticos de derecha.
