Desde los organismos de derechos humanos alertan sobre el uso indebido de la fuerza por parte de la policía durante las movilizaciones que dejan al menos 59 muertos confirmados, más de dos mil detenciones arbitrarias, 866 civiles heridos, de los cuales al menos 50 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía.
Cali volvió a ser el escenario de una jornada violenta con la muerte de al menos 13 personas cuando se cumplió un mes de protestas contra el gobierno de Iván Duque. Este sábado, el mandatario volvió a defender el accionar de las fuerzas de seguridad y además respondió con la militarización de ocho de los 32 departamentos (provincias). Desde las organizaciones de derechos humanos denuncian más de 300 desaparecidos en el último mes mientras que las autoridades sólo reconocen 123 casos. Al menos 59 personas murieron en un mes de protestas, según cifras de la Defensoría del Pueblo, que pidió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adelante su visita al país. Mientras que la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos de la Argentina que viajó a Colombia para relevar la situación en las protestas denunció el ejercicio de terrorismo de Estado sobre la población.
13 muertos en Cali
Cali es la tercera ciudad más poblada de Colombia con 2,2 millones de habitantes. Actualmente se encuentra bajo toque de queda nocturno. Amaneció con restos de barricadas y escombros tras uno de los días más violentos desde que comenzó el estallido social. Al menos 13 personas murieron en la más reciente jornada de protesta. En uno de los episodios, un funcionario de la fiscalía mató con su arma a dos manifestantes que bloqueaban una de las vías. Según la misma fiscalía, el hombre luego fue linchado por una turba de personas.
El barrio de Meléndez, al sur de la ciudad, vivió una noche de extrema tensión. "Nosotros estábamos en una actividad cultural con la gente porque ya estábamos celebrando un mes de paro (…) cuando se escucharon unos tiros", relató un testigo que pidió reservar su nombre por temor. "Empezaron a masacrar a la gente". Eran "unos cinco personajes de civil, escondiéndose detrás de los árboles", aseguró el testigo, un bachiller de 22 años. Los videos que se viralizaron más tarde respaldan su versión.
El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas, habló sobre lo ocurrido en la última jornada de manifestaciones. "En el sur de la ciudad tuvimos (...) casi una guerra urbana donde muchas personas no solamente perdieron la vida, sino que también tuvimos una importante cantidad de lesionados", dijo Rojas a Caracol Radio.
Duque militariza
El presidente colombiano, Iván Duque, ordenó el despliegue de más de 1.100 militares en la ciudad bajo la figura de asistencia militar, que le da facultades al ejército para apoyar a la policía en tareas de control. Cerca de la medianoche del viernes, Duque extendió el alcance del decreto a ocho de los 32 departamentos y 13 ciudades del país. Además, tiene previsto activar un apoyo militar de unos siete mil hombres para los departamentos donde se realizan los bloqueos viales.
Duque viajó a Cali y a Popayán -dos ciudades que vivieron una fuerte represión durante el estallido- para reafirmar las medidas de militarización. El mandatario explicó que la decisión prevé triplicar el número de uniformados en cada región y además autoriza el levantamiento de los bloqueos y cortes, mientras que los gobernadores quedan a cargo de dictar toques de queda.
Desde Popayán, el mandatario, encabezó una reunión del Consejo de Seguridad junto al gobernador, Elías Larraondo, y al alcalde Juan Carlos López Castrillón. Duque aprovechó para reiterar la existencia de grupos armados detrás de algunos disturbios. “Popayán vio acciones graves, de vandalismo, pillaje y terrorismo urbano de baja intensidad, de agresiones a la infraestructura pública”, sostuvo. “Detrás de muchos de estos hechos están grupos armados, organizados, como La Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, grupos de las disidencias”, agregó en referencia a las columnas de las exFARC que no se plegaron a los acuerdos de paz. En su cuenta de Twitter, el presidente colombiano denunció movimiento de dinero de esas organizaciones para que se mantengan los actos. “Con pagos que oscilan entre los 70 mil (18 dólares) y 100 mil pesos (26 dólares) a quienes cometan esas acciones”, afirmó. Si bien no se trata de la primera vez que Duque vincula la violencia y los muertos durante el estallido social a los grupos guerrilleros, el mandatario aún no presentó ninguna prueba. Aunque sí definió un 25 por ciento de aumento de militares en esa ciudad.
Piden adelantar visita de la CIDH
La Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó este sábado adelantar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) prevista para el 29 de junio. El pedido fue hecho a la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez. El pasado lunes la canciller le había dicho a la secretaria ejecutiva de la CIDH, María Claudia Pulido, que el ingreso de la delegación humanitaria no podría concretarse “en este momento”. Pero ante las críticas y preocupación internacional por los abusos policiales, Ramírez dijo que si la CIDH quería adelantar su audiencia podía hacerlo, pero que igualmente prefería que la visita se diera una vez que la CIDH haya realizado la audiencia.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le envió una carta a la canciller solicitando adelantar la llegada de la delegación. "Someto a su consideración que la referida visita se realice a la mayor brevedad, de ser posible antes de la audiencia sobre la situación de derechos humanos en Colombia prevista para el 29 de junio", sostuvo el Defensor del Pueblo, según consignó el diario El Espectador.
Para Camargo, una visita adelantada permitiría que los integrantes de la CIDH puedan acceder a información real y completa, interactuar personalmente con los actores y contribuir a fortalecer los escenarios para garantizar los derechos humanos. En este sentido, también agregó que la presencia de la comisión aportaría al esclarecimiento sobre violaciones a los derechos humanos en el marco de las movilizaciones. “Facilitaría las negociaciones que están en la mesa, contribuyendo a la consolidación de la confianza”, agregó.
Terrorismo de Estado
"Es una masacre y es el ejercicio del terrorismo de Estado sobre la población", denunció este sábado la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos de la Argentina que viajó a Colombia para relevar la situación en las protestas. "Acá la situación es absolutamente crítica, se han viralizado videos donde se muestra la actuación de las fuerzas policiales en conjunto con civiles", informó Marianela Navarro, delegada de Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y parte de la delegación que viajó a Colombia el 25 de mayo.
"Hay denuncias de torturas a estudiantes, abusos sexuales a mujeres, vejaciones, detenciones arbitrarias, una situación represiva muy compleja que requiere de la mayor cobertura internacional", lamentó Navarro en un mensaje enviado a la prensa.
