Durante su gobierno, el ex presidente Jair Bolsonaro indicó a su complejo diplomático y las embajadas brasileñas en Europa que presionara a medios de comunicación extranjeros -especialmente La Reppública de Italia- por darle demasiada importancia al asesinato de la concejala socialista Marielle Franco en Río de Janeiro, en marzo de 2018, el cual lo dejaba a él bajo un manto de sospecha.
La directiva que recibía que el cuerpo diplomático de Brasil era pensada en beneficio particular del partido del presidente Bolsonaro. Les reclamaba en paralelo a los medios extranjeros -ante la cobertura sobre Franco- que no le daban la importancia debida a la puñalada que él había recibido durante la campaña electoral, un atentado que por cierto está sospechado de fake: el mismo Lula da Silva, siempre cauteloso en sus denuncias, ha expresado sus reservas.
También políticos acercaban reclamos sobre Franco a las embajadas de Brasil en Europa. La embajada brasilera en Francia, en particular, se quejó fuertemente sobre este "trato diferenciado" dado a los dos casos, pretendiendo poner en un mismo plano a Franco y Bolsonaro, como víctimas equivalentes.
Estos datos forman parte de los cables diplomáticos que habían sido puestos bajo un secreto de cien años por el gobierno de Bolsonaro y que fueron revelados por las cadenas SBT y CNN Brasil, que los consiguieron a partir de una decisión judicial bajo el argumento de la ley de acceso a información pública y la autorización del gobierno del presidente Lula da Silva.
Según la justicia, Marielle Franco fue asesinada el 14 de marzo de 2018 por dos expolicías de bandas parapoliciales, hoy detenidos, que salieron a cometer el homicidio desde el mismo barrio cerrado de Barra de Tijuca donde tiene la residencia Bolsonaro, quien era candidato presidencial.
Al momento del asesinato, la seguridad de Río de Janeiro estaba a cargo del general Walter Braga Netto, quien fue candidato a vice de Bolsonaro en 2022. Hasta el momento se desconoce quién ordenó asesinar a Marielle Franco.
El sistema diplomático del Palacio de Itamaraty registró un cable del embajador brasileño en Francia, Luis Fernando Serra, declarando "indignación" con los partidos políticos franceses que acudían a la sede diplomática a preguntar sobre la marcha de la causa de Franco. El embajador escribió en su momento a la cancillería en Brasilia: "hice hincapié en las cartas (a políticos franceses) sobre mi profunda indignación con el tratamiento tan dispar en relación a los delitos", intentando mostrar que Bolsonaro había sido tan víctima como Franco por haber recibido un cuchillazo, o como si una cosa compensara la otra.
Las embajadas brasileñas en Suiza, Italia y Alemania también respondieron a los medios y a dirigentes políticos sobre el caso Franco. El homicidio de la activista fue uno de los crímenes políticos más importantes de la historia de Brasil: marcó la antesala del ascenso de la ultraderecha al poder, coincidiendo con la cárcel y proscripción de Lula en 2018 condenado por el entonces juez Sergio Moro, luego ministro de Bolsonaro.
La CNN Brasil informó que tuvo acceso a 700 páginas de telegramas desde 2018, cuando gobernaba Michel Temer, que indicaban el impacto negativo del crimen de Franco y su chofer, Anderson Gomes, en la opinión pública internacional y la imagen de Brasil.
¿Cómo sigue la causa?
El ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, prometió ir a fondo en el esclarecimiento del asesinato de la activista brasileña. "Es una cuestión de honor del Estado brasileño realizar todos los esfuerzos para que sepamos quién mató y mandó a matar a Marielle Franco en Río de Janeiro", aseguró Dino.
El pasado 6 de abril la justicia brasileña rechazó un pedido de la defensa de dos expolicías detenidos por el asesinato para quedar libres por el tiempo que ya llevan en prisión. El cuarto Juzgado Penal de la Corte de Justicia de Río de Janeiro mantuvo las detenciones preventivas del sargento retirado de la Policía Militar Ronnie Lessa y del expolicía militar Élcio Queiroz.
Mientras fue concejal carioca, Marielle Franco, afrodescendiente nacida en una favela, fue una habitual denunciante de los grupos parapoliciales o "milicias" que actúan en esas comunidades humildes. Fue asesinada en una emboscada en el centro de Río de Janeiro por Lessa y Queiroz, ambos vinculados a esas milicias, en un caso al que se llegó a vincular al presidente Jair Bolsonaro. Poco después de asumir como presidente Lula nombró a Anielle Franco, hermana de Marielle, como ministra de Igualdad Racial.
Cien años de secretos
El gobierno de Lula determinó el cese de los secretos por cien años dictados por Bolsonaro. A raíz de esa decisión, el gobierno brasileño afirmó que existe en la administración pública un registro de vacunación contra la covid-19 del expresidente Bolsonaro, quien durante la pandemia había dicho que no se iba a inmunizar e hizo campaña contra su efectividad.
El ministro de la Contraloría General de la Unión (CGU), Vinicius de Carvalho, aclaró que se está determinando la veracidad de esos documentos que están en los archivos del ente. Bolsonaro había incluído en el secreto por cien años a su libreta de vacunación y se posicionó contra la obligatoriedad de la vacuna: se enorgullecía al decir que iba a ser el último en recibirla.
El registro de la CGU indica que Bolsonaro habría recibido la dosis única del laboratorio Janssen el 19 de julio de 2021, en una sala de primeros auxilios de Perus, en la zona norte de San Pablo. Un día antes Bolsonaro había sido dado de alta después de haber pasado cuatro días internado por una obstrucción gástrica en un hospital privado de San Pablo.
