Los concejales de ECO-Cambiemos de San Roque quedaron envueltos en otro escándalo cuando impidieron este viernes una sesón en complicidad con el suspendido y procesado viceintendente, el macrista José Altamirano, quien será sometido a un juicio oral por corrupción. Bloquearon as? la asunción de nuevas autoridades del Concejo local, lo que puede motivar más denuncias por irregularidades.
Otra denuncia penal se realizará en las próximas horas contra quienes resulten responsables de impedir que sesione el Concejo Deliberante; todo apunta contra Altamirano y sus colaboradores.
No solo que los concejales de ECO no dieron cuórum, sino que además desaparecieron las llaves de acceso a las oficinas y los libros de actas del Concejo sanroque?o, por lo que a las 20 de este viernes los ediles presentes tuvieron que constatar, ante escribana p?blica, todas estas irregularidades registradas.
En medio de este conflicto, se supo en San Roque que la secretaria del Concejo terminó internada en el hospital local de urgencia por un pico de estrés. Los concejales que querían sesionar se pusieron a su disposición y le solicitaron las llaves de acceso y los libros de actas. Pero la mujer manifestó que Altamirano tenía todo en su poder.
En consecuencia, ante la ausencia de Altamirano y todos los concejales de ECO, los ediles presentes intimaron con la Policía al viceintendente, mediante una exposición, para que devolviera las llaves y los libros, lo que no ocurrió.
En las próximas horas, se llevarán adelante las diversas denuncias penales y administrativas contra los responsables de este escandaloso suceso que atenta contra la democracia y el carácter republicano de San Roque.
En la sesión de este viernes, la concejal autonomista Laura Salinas, quien es vicepresidenta primera, debía asumir la conducción del Concejo ante el procesamiento judicial confirmado del macrista Altamirano. En segundo lugar, se encuentra el vice segundo, Mohamed Hadad, del PJ.
Los concejales de ECO que no dieron cuórum y protegen al cuestionado Altamirano son: el radical Nicolás Domínguez, que también es abogado del procesado, presidente de la UCR local y empleado de la Legislatura; Lidia Montenegro, que es docente y dirigente del Partido Autonomista, también se ausentó pese a las instrucciones de su propia fuerza política y en traición a la edil Salinas, que es su correligionaria; la concejal Mariana Pasetto, que es dirigente de ELI, abogada e integrante del Colegio de Abogados, tampoco asistió a la sesión a pesar de conocer la gravedad del delito de corrupción por el que Altamirano fue procesado.
Domínguez, Montenegro y Pasetto son entonces los tres concejales (todos de ECO-Cambiemos) que no dieron cuórum y, de esa manera, garantizaron la impunidad de Altamirano ante su negativa de someterse a la decisión de la Justicia y aceptar su suspensión inmediata como viceintendente y presidente del Concejo.
José Altamirano, que en 2017 se pasó a la alianza ECO en San Roque de la mano del senador Pedro Braillard Poccard, tiene procesamiento firme de la Justicia de Corrientes. El Tribunal Oral Penal de Goya comunicó que la causa irá a juicio por el delito de “fraude en perjuicio a la administración pública agravado por tratarse el sujeto activo de un funcionario público”.
El delito denunciado es por haber cobrado doble sueldo público al mismo tiempo, lo que es ilegal: uno por su función municipal y otro como empleado del Senado nacional en el despacho del senador Braillard Poccard.
El artículo 400 de la Carta Orgánica del Municipio de San Roque establece, en el segundo párrafo, que todos los funcionarios públicos quedarán suspendidos automáticamente cuando tengan en su contra un procesamiento firme por delitos en relación a la función pública. Altamirano está legalmente separado de su cargo por el imperio de esa ley máxima desde el momento en que fue notificado por la Justicia del procesamiento firme.
“Hágase efectiva la suspensión inmediata del viceintendente municipal, José Roberto Altamirano, atento el auto de procesamiento firme por fraude a la administración pública agravado, de supra mención, conforme lo dispuesto por los arts. 400º de la Carta Orgánica Municipal y el art. 224º de la Constitución Provincial”, establece el artículo primero del proyecto de resolución que tratarán los concejales cuando tengan cuórum. Es decir, por imperio de esas normas, una comunal y otra provincial, el procesado no puede continuar ejerciendo función.
