Con una denuncia que promueve el abogado Juan Manuel Cubilla Podestá, la Justicia de Corrientes investiga al presidente del Concejo Deliberante de Alvear, Sergio Miño, y su secretario por falsificar una decisión aprobada por ese cuerpo, además de abuso de autoridad, y otros delitos en el ejercicio de la función pública en un insólito ataque a una asociación de pequeños productores que nada tiene que ver con el Municipio.
La investigación es por una denuncia presentada por los concejales peronistas de Alvear, con el patrocinio de Cubilla Podestá, ante el Juzgado de Instrucción de Santo Tomé, que ya citó a declarar como testigos a todos ellos.
Lo insólito del caso es que los concejales de la alianza radical ECO presentaron y aprobaron en el Concejo un proyecto – pedido de informes- con el que pretendieron obligar a la Asociación de Pequeños Productores rurales del paraje Pancho Cué y Palmitas a presentar balance siendo que como ediles no tienen ninguna facultad de intervenir en una institución no gubernamental.
Como si eso no fuera suficiente, Miño, como presidente del Concejo, y el secretario Alberto Ruiz Díaz, están habrían falsificado ese mismo pedido de informes aprobado con otras preguntas que habrían incluido para que la Asociación de Productores rinda cuentas. Es decir, habrían agravado el delito.
Por ello los concejales peronistas Sergio Klug, Manuel Silva y Gilberto Echevarría, fueron citados por el Juzgado a declarar como testigos denunciantes a partir del 25 de marzo próximo. Es decir, la Justicia ya investiga el insólito hecho y podría avanzar en la imputación de los macristas Miño y Ruiz Díaz.
“Es un caso insólito en el que las autoridades del oficialismo local mostraron una mala fe lamentable en el manejo del Concejo, quedando las evidencias y pruebas documentales de los varios delitos que habrían cometido”, dijo el abogado Cubilla Podestá.
“Con Sergio Klug, concejal opositor y presidente de la asociación, defendemos la transparencia y luchamos contra la corrupción y el atropello institucional en Alvear. Por ello, nos presentamos en el expediente con el objeto de constituirnos en querellantes para investigar junto al Juzgado y la Fiscalía de Santo Tomé”, agregó Cubilla Podestá.
“Necesitamos tener Municipios con personas idóneas y comprometidas con la transparencia en manejo de la cosa pública”, expresó el abogado. “Jamás una organismo municipal como el Concejo puede pedirle a una institución privada que presente balances”, añadió.
Puntualmente, lo que la Justicia investiga contra Miño y su secretario son los delitos de falsedad ideológica, uso de documento público falso y abuso de autoridad; todo agravado por ser funcionarios públicos en ejercicio.
