El Poder Ejecutivo contrató de manera directa a una firma y sumó a toda la planta de personal de las 47 asociaciones civiles existentes en la provincia. Son 1.300 personas que hasta mediados de este año tendrán cobertura por accidentes y en caso de fallecimiento.
Lo extraño es que el Estado provincial actuó como corredor de seguro a través de su entidad crediticia, el Banco de Corrientes. Facilitó de esa manera una cartera de clientes –una especie de público cautivo- a la empresa que contrató por un poco más de $4 millones.
La contratación hecha por el Poder Ejecutivo a través del Decreto N°44 del pasado 16 de diciembre de 2021 retrotrae la contratación de una empresa de seguro para los y las bomberas voluntarias, a julio del año pasado. Y dicha cobertura tiene fecha de vencimiento el próximo mes de junio de 2022.
Llamativo. Por un lado el Gobierno provincial rechazó otorgar un bono retribución de $34 mil ideado por legisladores provinciales y por otro, se apresura en dar una cobertura en riesgo de vid y accidentes para el sector bomberil. ¿Por qué no hizo esas gestiones antes de los eventos ígneos en la provincia? Por medio de llamados a licitación.
