Un Tribunal Federal resolvió reasignar en carácter de depositario judicial una camioneta Toyota Hilux secuestrada en una causa por infracción a la Ley 23.737. El beneficiario de esta medida es el jefe comunal de Riachuelo, electo en las pasadas elecciones del 31 de agosto.
El vehículo, que había sido entregado provisoriamente a un funcionario de la Policía Federal, será ahora destinado al jefe comunal electo de esa localidad de Corrientes.
El municipio de Riachuelo, que había solicitado formalmente el vehículo, argumentó necesidad operativa para sostener tareas esenciales.
El Tribunal entendió acreditada esa necesidad y consideró inadmisible mantener el rodado inactivo.
El intendente electo, será el nuevo depositario judicial y deberá asumir los gastos de mantenimiento, realizar la verificación técnica y contratar un seguro de cobertura, según lo ordenado.
La medida deja sin efecto la asignación anterior al sargento de la Policía Federal y dispone las comunicaciones correspondientes para formalizar la entrega.
La decisión se apoya en las Acordadas 02/2018 y 22/2025 de la Corte Suprema, que permiten que bienes secuestrados en causas penales —especialmente vinculadas al narcotráfico— sean utilizados por organismos públicos para fines de interés social.
