En el marco de una política de optimización de recursos y fortalecimiento de la seguridad pública, el Gobierno Nacional dispuso, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 103/2025, la reutilización de armas decomisadas para su uso exclusivo por parte de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. Las norma fue firmada por el Presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
El compromiso de austeridad y reducción del déficit fiscal asumido por el Gobierno Nacional requiere del aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles. En este sentido, la disposición de armamento en desuso o previamente destruido representaba un gasto innecesario en la adquisición de nuevo equipamiento para las fuerzas de seguridad.
El decreto establece que, una vez concluidas las causas judiciales o administrativas, la autoridad interviniente deberá remitir el material a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, para su depósito definitivo. A partir de allí, se iniciarán los trámites correspondientes para determinar su destrucción o entrega a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. Esta disposición modifica la Ley N° 25.938, que anteriormente establecía la destrucción obligatoria de las armas decomisadas.
Además, la norma contempla la implementación de mecanismos estrictos de trazabilidad para garantizar el control del armamento y prevenir su malversación o extravío. La iniciativa no solo incrementará las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad, sino que también permitirá evitar gastos innecesarios en la adquisición de nuevo armamento. Se establecerán controles adicionales y específicos para evitar el desvío de estas armas al circuito ilegal.
El decreto responde a la necesidad de modernizar y optimizar el equipamiento de las fuerzas de seguridad en su lucha contra el delito y el crimen organizado. La medida busca agilizar la gestión de los recursos incautados y garantizar su uso en favor de la protección de los ciudadanos, asegurando su correcta administración bajo los más altos estándares de control y supervisión.
