Un portal porteño especializado en política informó que los gobernadores de: Mendoza, Salta, Neuquén, Chaco, Entre Ríos y San Juan; acompañarían con sus legisladores nacionales el proyecto original que impulsa el presidente Javier Milei. El gobernador de Corrientes desde que asumió el pasado 10 de diciembre de 2025, no mantuvo contactos con el gobierno central.
Las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei, en el Congreso de la Nación, iniciarán el 2 de febrero y se extenderán hasta el 27 de ese mes.
Hay un paquete de tres leyes que interesan al gobierno central, pero sobre todo una: Durante la convocatoria el oficialismo buscará aprobar el proyecto de reforma laboral, que promueve cambios en las relaciones de trabajo, el vínculo con los sindicatos y un blanqueo laboral. También figura en la convocatoria la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.
Por otro lado, el Ejecutivo impulsa el tratamiento de cambios en la Ley de Glaciares, que define la protección de aquellos glaciares y zonas periglaciares que tengan una función hídrica verificable y le otorga a las provincias la competencia para definir estas zonas.
Sobre la reforma laboral el sitio elcanciller.com especializado en política nacional, informó este jueves 22 de enero que los operadores políticos del gobierno nacional ya tendrían cerrado el acompañamiento de varios gobernadores: Chaco, Salta, San Juan, Entre Ríos y Neuquén, a lo que habría que agregarle Misiones.
En el caso de Corrientes el recientemente asumido gobernador Juan Pablo Valdés -10 de diciembre de 2025-, por ahora no mantuvo contactos al menos públicos con operadores políticos del gobierno nacional. Incluso, se ventiló la semana pasada que el ministro del Interior, Diego Santilli, pasaría por Corrientes en los primeros días de febrero.
Pero eso es solo, por ahora, un rumor. Valdés dijo la semana pasada que iba a reunirse con los legisladores nacionales del oficialismo correntino. Ese cónclave aún no tiene señales de concretarse, mientras, cada gobernador negocia recursos para sus distritos a cambio de votos a favor o en contra del paquete de leyes que interesa al presidente Mieli.
