La Justicia provincial se encamina hacia un nuevo hito. Por primera vez un jurado popular definirá las responsabilidades de tres policías acusados de tortura seguida de muerte. El caso de Sebastián Ponce de León finalmente fue enderezado por la juez de Garantías subrogante, Rosalía Zózzoli, que modificó la calificación legal por las cual el fiscal del Derechos Humanos pretendía llevarlos a juicio a los imputados.
El proceso penal fue sometido a prueba en esta causa, aclarando que aún falta la sentencia. Los hechos, las pruebas, revelan que Sebastián fue sometido a torturas, pero además, como el típico caso de violencia institucional, se trabajó con mucho empeño para ocultar la maniobra y garantizar la impunidad.
Y lo que el propio auto de elevación a juicio revela es que, por acción u omisión, distintos estamentos judiciales participantes coadyuvaron a la intención original de quienes no quieren que la verdad finalmente se imponga.
La juez Zózzoli afirmó en su resolución, según divulgó el portal especializado Litigio: “no puedo dejar de perder de vista que a través de los años esta compleja causa ha pasado por el trámite de diferentes equipos fiscales con disímil criterio o hipótesis, sin tener una línea investigativa seria, clara ni coherente. Ello se evidencia por la recepción antojadiza de elementos probatorios de manera desordenada, con varias resoluciones de ocurrencias concedidas por el Juez titular, pero lo más preocupante es que en los primeros momentos se ha obviado la recolección de evidencias en tiempo oportuno, en desmedro de una búsqueda profesional de la verdad, que requieren este tipo especial de causas”.
Bien pudo la magistrada remitir copia del expediente a otra fiscalía para investigar si lo que puso en sus fundamentos, relacionado con el desempeño de la acción de la jurisdicción, no incurre también en un tipo penal.
Tal vez sea esperar demasiado, pero en algún momento las historias de violencia institucional deberían empezar a cortarse de arriba hacia abajo. La sociedad, a la que representa el Estado, tanto el Ministerio Público como el Juzgado de Garantías, no puede conformarse con la condena de los autores materiales de este hecho, sino pretender que si este tipo de episodios se repitiera (que ya ha ocurrido) no habrá nuevamente margen para que un hecho o termine impune o su esclarecimiento se demore años.
Es importante poner de manifiesto que la fiscalía que acusa es un organismo especializado surgido en la provincia como parte de una solución amistosa en el Caso Greco en el que la Argentina pudo haber sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y su bien es cierto que donde no hay causa no corresponde inventar una, por contrario sentido, en donde hay una no correspondería dejarla pasar, se ha conformado aquí la paradoja que la fiscalía especializada de Derechos Humanos, ha sido extremadamente benévola con los imputados y, la juez de Garantías tuvo que agravar la acusación.
Y lo que las instituciones no terminan de entender es que la provincia no tiene margen para seguir cometiendo este tipo de violaciones a los derechos humanos, mucho menos dejarlo impune, o en su totalidad, o imponiendo penas que no se ajustan a la correcta calificación del hecho investigado.
Pero además, las responsabilidad final en la determinación de las responsabilidades corresponde al Poder Judicial. Si este poder no atiende cuestiones de su incumbencia, la población queda completamente desprotegida. El jurado popular representa la oportunidad de la sociedad de involucrarse directamente en la resolución del caso.
Hay que esperar el debate, hay que esperar el veredicto.
