El campo se lanza a las calles en un “piquete bueno” con respaldo de la política opositora y el conglomerado de medios que la empuja y de paso manipula, dándole sustancia al mensaje contra el gobierno. Los que esperaban la vuelta del 2008 como forma de escalar un conflicto están consiguiendo el objetivo. Las elecciones del 2023 están a la vuelta de la esquina y no se van a ganar solas.
La marcha del campo es la respuesta reaccionaria a la “iniciativa” del gobierno que busca cobrar un impuesto a la “renta inesperada” (que difícilmente pase por el Congreso) que busca gravar las ganancias extraordinarias de sectores que están viéndose beneficiados por el incremento de precios que provoca el conflicto ruso-ucraniano.
Claro no van a encontrar entre los que tengan capacidad contributiva en la base de sustentación del Frente de Todos, en el que se encuentran los sectores menos favorecidos de la población económicamente activa del país y por el contrario las grandes corporaciones y la producción primaria que fogonean los “cortes de calle y rutas aceptables” esperan maximizar ganancias, aunque con ello hundan un poco más en la pobreza a una gran porción de la sociedad argentina que paralelamente ven licuados sus ingresos por efecto de la inflación.
Para darle legitimidad al “piquete bueno” se bajan consignas reñidas con la verdad, pero que prende entre los impulsores y simpatizantes de la protesta. El absurdo de este piquetazo del campo es que, para poder llevarlo a cabo, un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio presentó una medida cautelar a la Justicia para neutralizar cualquier intento de frenar la marcha.
Es decir, el conjunto de quienes viven criticando las manifestaciones de trabajadores desocupados y denuncian que no se toman medidas (represivas) para limitar los cortes de calle, buscaron incluso protección en el sistema judicial para manifestarse con libertad.
Uno de los más aplaudidos por lo precoz de su presencia en las calles porteñas anticipando la marcha, fue el productor chaqueño Bernardo Reigenborn, de la zona de Castelli. El también comerciante, repitió, y probablemente no por desconocimiento, que su asistencia a la protesta se debía a la cantidad de “impuestos” que se pagan en la Argentina.
Lo repitió en el programa de Radio Independencia “El dedo en la llaga”: “Es imposible que tengamos más de 170 impuestos", como si esa cifra abrumadora sea la causa por las cuales están en las calles y no alguna otra que tenga que ver con un mayor contacto con la especulación política.
Pero ese “cliché” intencionado de la desmedida carga impositiva, no es sólo una cuestión de ignorantes que repiten eslóganes. Es también la intencionada publicación lanzada el 17 de abril pasado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) titulado “Vademécum tributario argentino 2022. 165 tributos entre los niveles de gobierno nacional, provincial y municipal”.
El instituto, una especie de think tank de los sectores concentrados del “poder real” que describió la vicepresidente Cristina Fernández hace unas semanas, instaló el título que fue el lei motiv de la marcha.
Es claro que no muchos, podría decirse casi nadie, se adentró en el informe, aunque probablemente al IARAF eso no le merezca relevancia. Reigenborn, manifestaba entonces "necesitamos que nos dejen producir”, como si hubiera algún impedimento físico o tributario que lo atajara.
Pero por qué el IARAF habla de “165 tributos” y el productor chaqueño destacado por Clarín habla de “170 impuestos”. Porque el Instituto quiere que se piense lo que el productor dice. Y en cierto modo lo consigue. No importa la verdad, cuando se quiere construir una realidad. Es el relato, del que se quejaban los que ahora marchan, salvo que ahora es la inversa.
En su informe de hace menos de diez días el Instituto explica “los tributos pueden clasificarse como impuestos, tasas y contribuciones. La diferencia fundamental entre un impuesto y una tasa, derecho o contribución específica, es que en los primeros se grava una manifestación de capacidad contributiva que no precisa ser acompañada de una contraprestación específica por parte del Estado, en tanto que en el caso de tasas y contribuciones la obligación de pago se origina en la prestación estatal de un bien, obra o servicio que beneficia de manera concreta al contribuyente”.
Es decir que, para elaborar su informe, el IARAF mezcló, por ejemplo, el Impuesto a las Ganancias o el IVA, con las Tasas por Servicios que cobran los municipios por la recolección de residuos, o con los Ingresos Brutos, que perciben las provincias.
Porque está hablando de tres niveles de Estado, y no está hablando solamente de impuestos. Impuestos, lo que se dice impuestos, hablando de importancia en recaudación, son menos de diez y los que tienen más impactos, serán no más de cinco, Ganancias, Bienes Personales, IVA, al Cheque, y los Derechos a las exportaciones, conocidas como retenciones. Habrá más, pero no tienen tanta incidencia. Habrá otros tributos, pero no son impuestos.
Considerarlos injustos, ya es materia opinable, según el cristal con que se mire. Pero en nuestro país, en tanto estado de derecho, la Constitución desde 1853, no establece un techo en el cobro de impuestos, lo que sí dice, en su art. 16 es que “la igualdad es la base del impuesto”. A su vez, la no confiscatoriedad de los tributos es una garantía implícita prevista en el art. 17.
Y la igualdad, representa la necesidad de que el peso de la contribución se balancee. Y por ello, los impuestos progresivos, se apoyan en la relación quién más tiene más paga, en tanto que los regresivos, como el IVA, lo pagan todos por el igual, el que más tiene y el que menos tiene. Y en nuestro país, la recaudación por impuestos progresivos, es menor que la de los impuestos regresivos. El sistema está desbalanceado, se inclinó mucho en contra de los sectores que menos tienen en tiempos de Mauricio Macri y los años del gobierno de Alberto Fernández no han podido enderezarlo. La resistencia es feroz.
Pero lo más grave tal vez no sea estas consignas artificiales que sirven para, primero indignar gente, que no entiende o no quiere entender, y luego movilizarla. Porque en definitiva lo que se ha dicho hasta aquí, no deja de ser un tironeo propio de sectores que defienden sus intereses, legítimos en cualquier sistema democrático.
Salvo el dato de que uno de los cabecillas de esta marcha, el “referente autoconvocado” pero reiteradamente retratado junto a Patricia Bullrich por ejemplo, José Perkins, haya planteado en un panfleto que contiene un comunicado de su agrupación que quieren que le “devuelvan” el país “por las buenas o por las malas”.
La amenaza tiene una clara interpretación de la que el conglomerado de medios que funciona como cortina para este vandalaje, prefiere no hablar. Las malas ya las hemos vivido en este país y ese mensaje es posible en el marco de un crecimiento del cuestionamiento al sistema institucional argentino, del que se cuelgan algunos políticos ultra-derechosos como trampolín para formar parte ahora de lo que denuncian como “casta”.
Es el discurso de la antipolítica, que confluye finalmente en la aparición de salvadores de la patria. Que también los hubo en nuestro país, y que muchos jóvenes, por desconocimiento se animan ahora a reivindicarlos y que los no tan jóvenes defienden porque son partidarios de eso y extrañan.
En ese discurso se mete el productor chaqueño de la zona de Castelli cuando dice “la plata que se recauda se la gasta la política, y es un verso que esos ingresos se emplean para pagar deuda externa”.
