Una vez más, llega marzo y se desata un viejo conflicto en las escuelas de la Capital: la pelea entre padres y docentes por el alto costo de la cuota de cooperadora. Este año, las familias aseguran que el monto exigido por los directivos para inscribir a un alumno oscila entre los 450 y 500 pesos por alumno. Desde luego, este monto se vuelve casi impagable quienes deben mandar a varios de sus hijos al mismo colegio. Los profesores en tanto se defienden argumentando que este dinero es fundamental para realizar mejoras edilicias necesarias para reabrir el colegio, desnudando el problema de raíz: la falta de inversión de parte del Gobierno.
Los casos se dan mayormente en los colegios secundarios, donde a diario, padres/madres y docentes se escuchan encendidas discusiones a la hora de acordar dicho pago por la inscripción, el cuál supuestamente no es obligatorio.
Sin embargo, los directivos aseguran que “no hay ninguna resolución al respecto” en cuanto a la gratuidad para anotar a los chicos, y desnudan una situación indefendible: “la inscripción se abona para solventar los arreglos del colegio”. Esta fue la respuesta que le dio una de las docentes a cargo del colegio Hipólito Yrigoyen a una madre que salió enfadada de la institución. Además le informaron que también debe abonar otros 250 pesos en concepto de “carpeta médica”, otro de los requisitos para ingresar a clases.
La bronca de la gente se nota mayormente en las denuncias públicas que realizan vía redes sociales o bien en los medios de comunicación que le dan apertura y calor al debate. El Gobierno mientras tanto, no da mayores señales de sofocar este incendio. Una que otras escuelas son visitadas a diario por funcionarios del Ministerio de Educación pero es evidente que las mejoras edilicias en las escuelas van mucho más lentas que los discursos y las fotos de dichas recorridas. La cuestión requiere con urgencia una solución efectiva al reclamo de los vecinos. Por el bien de la comunidad, la mentada paz social, y el derecho de los alumnos.
