Meretrices piden legalización, afirman que formalizaría a 60 mil trabajadoras

Reclaman que se avance en una ley que legalice el rubro. Aseguran que el trabajo sexual gana lugar en “chi­cas de clase media, alta”.

A 65 años del decreto de Juan Domingo Perón que, en medio de la pelea con la Iglesia, facultó a provincias e intendencias a autorizar la instalación de lugares para ejercer la prostitu­ción, la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), Georgina Orella­no, reclama que se avance en una ley que legalice el rubro, ya que remarcó que se formalizarían unos 60 mil puestos de trabajo que actualmente están al mar­gen de toda norma.

Desde el sector remarca­ron que lejos del estereoti­po marginal, en los últimos años “una gran cantidad de chicas de clase media, alta, con estudios secunda­rios y hasta universitarios” se volcó hacia el trabajo sexual por “los ingresos económicos” y lo hacen principalmente a través de plataformas virtuales para “no exponerse a la violen­cia policial”.

Por detrás de las mujeres que eligen ejercer la prosti­tución en espacios públicos y en departamentos pri­vados, los dos principales rubros del sector, cada vez gana mayor peso el trabajo sexual publicitado en redes sociales como Instagram, Facebook, Tinder o Tumblr.

“Es otra camada, tienen otras herramientas, la ma­yoría terminó el secun­dario, muchas incluso la Universidad. Son chicas de clase media y alta”, definió Orellano, al tiempo que re­marcó que “muchas fueron primero feministas” antes de ejercer la prostitución. Y agregó: “Es una modalidad que surgió en los últimos años”. Sin embargo, esas chicas no están exentas de sufrir otro tipo de proble­mas por su condición de trabajadoras sexuales, ya que “sufren robo de datos y fotos, acoso virtual”, expli­có la líder de Ammar.

El 30 de diciembre de 1954, el entonces mandata­rio firmó el Decreto 22.532 que avanzaba en la crea­ción de las comúnmente denominadas “zonas rojas” para profundizar el distan­ciamiento con el clero que ya había comenzado unos meses atrás.

Trece lustros después de aquella medida, las traba­jadoras sexuales reclaman una Ley de Trabajo Sexual Autónomo con el fin de ejercer su actividad con un amparo legal y con dere­chos laborales.

La iniciativa, que llegó al Congreso en 2013 y rápida­mente perdió estado parla­mentario, proponía crear un registro dependiente del Ministerio de Trabajo en el que se inscriban las mujeres que se dediquen voluntariamente al trabajo sexual.

Además, contemplaba la habilitación de coope­rativas de trabajadoras sexuales autónomas, el otorgamiento de becas y la creación de la categoría “Trabajo Sexual” en el Mo­notributo para habilitar el acceso a obra social, apor­tes jubilatorios, créditos, vivienda, entre otros dere­chos.

“Ammar hizo un gran trabajo de sensibilización dentro del feminismo, el sindicalismo y otros espa­cios. Hay una apertura a escuchar, pero siempre se cruza la moralidad cuando hablamos de trabajo sexual. Hay que derribar algunos prejuicios antes de plantear que queremos obra social, jubilación y demás dere­chos laborales”, lamentó Orellano, al tiempo que indicó que las pocas que se encuentran formalizadas lo hacen con monotributos inscriptas como peluqueras o masajistas.

Privados y públicos

De acuerdo a un censo realizado por Ammar junto al Ministerio de Salud y a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en 2009 había un total de 80 mil trabajadoras sexuales: 60 mil ejercían el oficio en lugares privados y las 20 mil restantes lo ha­cían en la vía pública. Uno de los principales atractivos que ven las jóvenes en el oficio es el manejo de los hora­rios y los ingresos económicos que pueden obtener.

De acuerdo a un censo realizado por Ammar junto al Ministerio de Salud y a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en 2009 había un total de 80 mil trabaja­doras sexuales: 60 mil ejer­cían el oficio en lugares pri­vados y las 20 mil restantes lo hacían en la vía pública.

Respecto a la situación de las prostitutas en los distintos puntos del país, Orellano explicó que varía de acuerdo a la jurisdicción en la que trabajen: “Hoy en día el ejercicio del trabajo sexual no está prohibido, pero están criminalizados todos los espacios de traba­jo. En la Ciudad de Buenos Aires trabajar en la calle es una contravención y te dan 200 horas de trabajo comu­nitario.

Lo que agarran como ar­gumento es la portación de rostro, género y que estén paradas en el mismo lugar. En el resto del país es peor, porque las compañeras di­rectamente van presas. O tienen que convivir con el negociado con la Policía para poder trabajar”, de­nunció.

Uno de los atractivos que ven las jóvenes en el oficio es el manejo de los horarios y los ingresos económicos que pueden obtener. “Una chica de Recoleta cobra 5.000 pesos un servicio bá­sico, mientras que una de Constitución cobra 500 pe­sos”, retrató Orellano.

La líder de Ammar subra­yó: “Tenemos la esperanza de que durante el gobierno de Alberto Fernández se pueda reconocer al trabajo sexual”.

Finalmente, recordó que Ammar nació en 1995 “ante la necesidad de frenar la violencia policial” contra las prostitutas y cuestionó que durante el gobierno del ex presidente Mauricio Ma­cri “se recrudeció” ese fla­gelo para las trabajadoras sexuales. “Renació una vio­lencia que habíamos podi­do controlar”, concluyó.