La influencia del multimedio y sectores de la oposición macrista en el levantamiento de las patronales agropecuarias contra el Gobierno Nacional.
La praxis bíblica de ofrecer la otra mejilla por ahora parece darle resultados a Alberto Fernández. El lockout sojero anunciado por la Mesa de Enlace el jueves por la tarde se deshizo el viernes por la noche, exhibiendo las diferencias que existen entre las organizaciones que nuclean a la patronal agropecuaria. La ley para recortar las jubilaciones excesivas de jueces y diplomáticos será sancionada esta semana por el Senado y existe en el Poder Judicial cierto consenso de que, más allá de los intentos por cuestionar su validez en los Tribunales, más pronto que tarde entrará en vigencia.
A esta altura del verano prácticamente nadie discute con qué palabras definir el hecho de que durante el último gobierno se detuvieron dirigentes opositores y empresarios de forma ilegal y con motivaciones políticas. El analista del diario La Nación Carlos Pagni le dice “uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva". Alberto Fernández le dice detenciones arbitrarias. CFK y el Congreso Nacional Justicialista le dicen lawfare. El exministro de planificación Julio De Vido, desde su casa y sin la tobillera, le dice presos políticos. Todos están hablando de lo mismo.
El propio Mauricio Macri utiliza ese argumento para explicar los problemas que tiene en la causa que investiga una deuda de su familia con Correo Argentino. En un comunicado que le hizo firmar al exministro de Justicia Germán Garavano, al excandidato a vicepresidente Miguel Pichetto y al diputado
Pablo Tonelli luego de la intervención de la empresa, Macri asegura que “desde 2003 el kirchnerismo está usando la concesión de Correo Argentino para montar una operación de persecución política”. Curiosamente omite que la investigación por el Correo se inició en 2001 a partir de una denuncia de su aliado Gerardo Morales.
