Senadores provinciales del radicalismo, partido gobernante en la provincia, llevarán adelante un proyecto de Ley que indica la prohibición de ayudas y acompañamiento del Estado de Corrientes, a entidades civiles o ONG, que apoyen o hagan apología de delitos de Lesa Humanidad. La entidad rural correntina, la semana pasada puso a una plaza de su predio en Riachuelo, el nombre de un represor, juzgado y condenado, por delitos cometidos durante el último gobierno militar (1976-1983) en la Argentina.
Un proyecto de Ley impulsado por los legisladores de la UCR establece "límites explícitos al Poder Ejecutivo de la Provincia de Corrientes respecto del otorgamiento de subsidios, donaciones, créditos, auspicios o la celebración de convenios con instituciones, asociaciones civiles u organizaciones (ONG) que realicen homenajes, conmemoraciones, reivindicaciones o apologías de personas condenadas por delitos de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos (DDHH), incitación al odio o apologías de tales hechos".
Esta iniciativa de los legisladores provinciales del partido gobernante, se debe a la acción llevada adelante la semana pasada por la Sociedad Rural de Corrientes. Impuso el nombre del ex capitán Juan Carlos De Marchi a la plaza principal de su predio ubicado sobre la Ruta Nacional Nº12, en Riachuelo, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en la Provincia de Corrientes durante la última dictadura cívico-militar.
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