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Zafaron: La provincia había firmado un aporte no reintegrable a Sauce y luego lo canceló

A inicios de abril pasado el gobernador de la provincia autorizó un envío de recursos a las arcas de la comuna sauceña, pero un mes después canceló el envío. No se sabe el monto de las partidas. Ayer, la sede comunal y la vivienda del jefe comunal fueron allanadas por la Justicia correntina, entre otros lugares. Los procedimientos fueron ejecutados por efectivos de la Policía Federal.

La pequeña y sureña localidad correntina de Sauce no sale del estupor. Ayer, varios vehículos de la Policía Federal arribaron al poblado con sendas órdenes de allanamiento libradas por la Justicia provincial.

Esas órdenes tenían la firma de una jueza de Curuzú Cuatiá para incautar documentación contable, en formato papel y digital.

Entre los principales sitios intervenidos se encuentran la Municipalidad de Sauce, la Auditoría Municipal, el Museo Municipal, el Honorable Concejo Deliberante y las viviendas particulares del intendente Carlos Raúl Romano y del auditor municipal Pablo Ignacio Gauna.

Curiosamente, aunque quizás sea una mera coincidencia, se supo hoy martes 7 de julio, un día después del aquelarre judicial que el Gobierno de la provincia había otorgado y luego cancelado en el envío de Aportes No Reintegrables a la comuna de Sauce.

El 9 de abril pasado el gobernador Valdés firmó el envío de esos recursos y casi un mes después, los desactivó. No se sabe el monto del dinero que iba a ser enviado a las arcas comunales de Sauce.

Lo que sí se sabe es que son $150.000.000 lo que investiga la Justicia provincial, dónde o qué destino tuvo ese dinero.

Durante los procedimientos se incautaron electrónicos, como seis teléfonos celulares, una CPU, cuatro discos duros, memorias SD y DVD, además de documentación vinculada a la gestión presupuestaria de los años 2023, 2024 y 2025.

La investigación se centra en el legajo judicial N° 23497/26, caratulado como presunta comisión de delitos contra la administración pública, bajo la intervención del Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatiá, a cargo de la subrogante Paola Eugenia Ramírez Navarro, y de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC), encabezada por Clara Belén Arrúa.

Estuvieron presentes en el operativo la fiscal Arrúa y la secretaria Letizia Vasconcel, además de personal especializado de la Superintendencia de Investigaciones Federales y del Departamento Técnico del Cibercrimen.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la concejal María Griselda Zajur contra el intendente Romano y el auditor Gauna, a raíz de supuestas irregularidades en los informes de ejecución presupuestaria de los últimos tres años y la presunta existencia de empleados municipales y funcionarios que figurarían como prestadores de servicios sin cumplir funciones reales.

El análisis contable preliminar sugiere que la maniobra investigada habría buscado ocultar el desvío de más de 150 millones de pesos de fondos públicos.

Entre los elementos secuestrados se cuentan libros contables, actas, resoluciones, recibos firmados y listados de personal, además de numerosos documentos en formato físico y digital, considerados de alto valor probatorio para la causa.

Además, durante los procedimientos fueron identificados Irma Elvira Obregón Torossi (viceintendente), Rosana Argentina Rodríguez (secretaria municipal), Pablo Andrés Gamarra (área legal) y Federico Ramírez (secretario de economía y finanzas).

Los investigadores destacaron que se logró el secuestro de “gran cantidad de documentación de suma importancia probatoria para la causa”, incluyendo carpetas de órdenes de pago e informes de auditoría correspondientes a los ejercicios fiscales investigados, así como dispositivos informáticos utilizados para la administración de los fondos públicos.

La investigación continúa mientras se procesan los elementos recolectados y se evalúan nuevas medidas en el expediente por presunta corrupción en la administración municipal de Sauce.

Como lo informó ayer corrienteshoy.com el intendente Romano se puso a disposición de la Justicia provincial, de hecho, colaboró con la Policía Federal, en los pedidos de incautación de la documental.

Romano (UCR - Vamos Corrientes) se impuso en septiembre pasado a la concejal Griselda Zajur (de Construyendo Futuro, aliado al peronismo) por apenas 14 votos. De esta manera, logró su reelección. La edil fue la denunciante que motorizó los procedimientos de ayer.

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