El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, dijo que primero se hará una licitación de 12 meses para el dragado y balizamiento. Y, luego, un Ente nacional controlará la gestión a largo plazo. En las próximas horas se publicará un decreto presidencial.
La Hidrovía del Río Paraná será manejada por el Estado cuando termine la prórroga de la concesión actual, según dijo el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. Esa fecha no está clara: según se cuente el plazo de 90 días de la prórroga en días corridos (30 de julio) o en hábiles (a mediados de septiembre).
El funcionario adelantó que en las próximas horas se publicará un decreto presidencial que establecerá una “licitación corta”, por 12 meses, en relación a las tareas de dragado y balizamiento. Y “cuando termine este proceso vamos a contar con un Ente Nacional de control que será el encargado de la licitación grande”. En ese sentido, Guerrera adelantó que “habrá una secretaría o ministerio que se dedique exclusivamente a tener presencia en esa red troncal para el desarrollo de la Argentina”.
Según lo que se viene advirtiendo en las últimas semanas en los pasillos oficiales, se modificará la estructura de la Administración General de Puertos (AGP), que durante los 12 meses referidos, entre agosto próximo y julio de 2022, tendrá a cargo la concesión del dragado y balizamiento. Luego, ese organismo dependiente del ministerio de Transporte licitará las obras entre las dragadoras privadas.
Respecto del cobro del peaje por ese servicio, Guerrera indicó que el nuevo DNU “otorgará a Transporte la facultad para establecer la base tarifaria y el mecanismo de financiamiento por el sistema tarifa o peaje”.
De todos modos, como el Gobierno ha reconocido que no cuenta con embarcaciones en condiciones adecuadas para realizar las tareas de dragado, especialmente en este momento en que el Río Paraná presenta la mayor bajante en 77 años, se estima que la AGP subcontrataría los servicios de Jan de Nul, la empresa belga a cargo de esa tarea desde hace 25 años.
Esa podría ser una alternativa de funcionamiento hasta el año próximo, cuando se realice la licitación definitiva, porque incluso el presidente Alberto Fernández, en declaraciones periodísticas de pocas semanas atrás, consideró que “el Estado no tiene actualmente la capacidad para asumir esa tarea, una especialidad de pocas empresas en el mundo”.
Al respecto, en el seno del Gobierno se debate desde esas cuestiones operativas a ideas más filosóficas. Referentes cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, como el ex canciller Jorge Taiana y la diputada nacional Fernanda Vallejos, reclaman desde hace meses una estatización total de la hidrovía, criterio que el fallecido ministro Mario Meoni -ligado al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, resistió literalmente hasta su muerte, en un accidente rutero, en abril pasado.
Funcionarios más cercanos al presidente, en cambio, consideran que no está en juego la soberanía y menos de ahora en adelante, por los controles y regulaciones que se intensificarían. En rigor, la empresa de dragado realiza esas tareas y cobra por el servicio pero la seguridad de esa vía navegable es una responsabilidad del Estado.
El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, anticipó días atrás que “se va a llamar a licitación pública internacional con nuevos parámetros, con la participación de todas las provincias que intervienen en la Hidrovía, con la participación también de todo el Consejo Consultivo, con la participación ciudadana de las organizaciones y sobre todo de las autoridades”.
En la letra del decreto se develará una incógnita clave: porque no está claro todavía si lo que paguen los navíos que circulen por la autopista fluvial será percibido por la AGP o por el ente nacional de control que se creará bajo la órbita del ministerio de Transporte. Ese detalle puede inclinar la balanza de poder hacia el despacho presidencial o hacia el Instituto Patria. TN
