Finalmente, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió solicitar opinión al Procurador General de ese país en el caso del juicio que enfrenta la Argentina por la expropiación de YPF llevada adelante durante el gobierno de Cristina Kirchner. De esta forma, el Ejecutivo logra un poco más de tiempo.
Lo que debe decidir el máximo tribunal estadounidense no es la cuestión de fondo sino un tema de jurisdicción: si la demanda de un fondo buitre por 3.000 millones de dólares por la estatización de la petrolera debe continuar su proceso en Estados Unidos o trasladarse a Buenos Aires, como reclama el Gobierno argentino.
La estrategia oficial del Ejecutivo que encabeza Mauricio Macri es llevar el juicio a la Argentina para resolver a través de la justicia local la demanda del fondo Burford Capital, que se quedó con las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, y la capacidad de entablar el juicio.
Según la primera evaluación hecha por la administración Macri es altamente positiva pues la Corte Suprema de Estados Unidos decidió hoy pedir opinión al Solicitor General (abogado del Estado), previo a dictar sentencia. Y que no le establece plazo para expedirse.
Y en la Rosada evalúan que es positivo para Argentina por las siguientes razones: demuestra la importancia del caso pues de otro modo, se hubiera rechazado de plano; que la Corte rara vez realiza esta convocatoria y por eso, debe destacarse que el Estado Americano sólo interviene bajo esta invitación especial de la Corte; que aun cuando no es vinculante, la opinión del Solicitor General es tenida en cuenta especialmente por la Corte y que queda claro que produjo efecto la presentación de los Amici por parte de Chile y México, marcando la importancia del asunto desde el punto de vista internacional para los Estados Unidos.
Además, que resulta una mala noticia para los demandantes, quienes esperaban un rechazo de plano para avanzar con el litigio. En definitiva, que es un paso que deja a la Argentina mejor posicionada en cuanto a las posibilidades del recurso ante la Corte.
Las fuentes oficiales consultadas por Clarín destacaron la labor de la Procuración del Tesoro (que conduce el abogado Saravia Frías) y la de los abogados del Estado argentino.
