La candidatura de Rafecas como Procurador General, la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia y la reforma de la justicia federal marcan el rumbo de los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández en materia judicial.
“Nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, ‘operadores judiciales’, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno”.
Este párrafo sonó fuerte en el discurso de asunción de Alberto Fernández, ya que marcaba que iba a avanzar sobre un resorte clave de los últimos años: la persecución judicial y mediática, las prisiones preventivas, las detenciones de opositores, el desbande de los espías y el revoleo de escuchas telefónicas.
En sus primeros 90 días de Gobierno, en medio de las negociaciones por la deuda, las medidas contra el hambre, las negociaciones por las tarifas y el novel conflicto sojero, el presidente avanzó en el debate público de la reforma judicial mientras que tomó decisiones concretas y efectivas respecto a los organismos de inteligencia.
Hasta ahora, en estos 3 meses iniciales, la reforma de la exSIDE avanzó a pasos más acelerados que la del Poder Judicial, donde las resistencias crecieron hasta crear un interrogante sobre el resultado de la reorganización en ciernes, que incluye desde la reducción del poder de los tribunales federales de Comodoro Py a la revisión del régimen previsional especial que rige para los magistrados. Los jueces y fiscales están dispuestos a librar batalla en pos de no ver recortado su poder, y tienen herramientas propias de su oficio como poder de fuego mediático. No está claro hasta donde puede llegar esta escalada.Sótanos
"Nunca más al Estado secreto. Nunca más a la oscuridad que quiebra la confianza. Nunca más a los sótanos de la democracia. Nunca más es nunca más". Así encaró el presidente su discurso de asunción, el 10 de diciembre de 2019. Hablaba de los servicios de inteligencia, de sus relaciones promiscuas con jueces, fiscales y medios de comunicación, del lawfare, de su intención de desarmar el entramado de operaciones políticas, de su decisión de intervenir la exSIDE, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
En su primer día como presidente, Fernández anunció la intervención de la AFI y la eliminación de los fondos reservados de los espías, restituidos por Mauricio Macri en el inicio de su propio mandato presidencial para que su amigo Gustavo “Negro” Arribas, a quien puso al frente de la Casa de los espías, contara con ese dinero para lubricar la persecución a opositores. Lo que anunció Alberto Fernández, y cumplió, fue la derogación del decreto 656, por el cuál Macri derogó a su vez el decreto 1311 de CFK, restaurando así el oscurantismo en la exSIDE.
El presidente Fernández rompió una histórica inercia de gobiernos que creyeron que podían utilizar para bien a la exSIDE o que no creían tener la correlación de fuerzas para desmembrarla. No es un recién iniciado en la materia, sea por su antiguo rol de jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y de CFK como por su conocimiento de los tribunales y de la influencia de los espías en esos pasillos.La elección de la interventora de la AFI es destacable.
El cargo fue para la fiscala Cristina Caamaño, cuya trayectoria incluye un importante rol en la investigación por el asesinato de Mariano Ferreyra, un paso por el Ministerio de Seguridad y, sobretodo, la gestión de la oficina de escuchas durante el único período de su larga existencia que no se utilizó para el espionaje interno o para la distribución de conversaciones privadas de opositores en canales de televisión.
