Son once las familias que quedaron sin lugar donde vivir tras ser obligadas a abandonar un predio lindante a Santa Catalina. Desde Derechos Humanos adelantaron que iniciarán gestiones con Desarrollo Social y el Municipio para buscar una solución.
A partir de un pedido de ayuda, un grupo de personas desalojadas hace varios días en la zona de La Tosquera aguarda alguna respuesta oficial para conseguir un predio donde vivir. Ante esta situación, se reunieron con algunos funcionarios y aguardan novedades en el corto o mediano plazo ya que perdieron sus viviendas.
Consultado sobre esta situación, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Manuel Cuevas dijo a El Litoral que “me reuní con ellos y la idea es poder ayudarlos de alguna manera después del desalojo”.
Se trata de once familias que vivían en un predio de la zona de La Tosquera, cerca del margen del río Paraná, y que ahora buscan poder ser ubicados en algún lugar.
“Vamos a evaluar si existe la posibilidad de reubicarlos en algún otro sector. Me voy a reunir con representantes de Desarrollo Social y del Municipio para buscar una solución”, expresó Cuevas ayer a este matutino.
De esta manera, intentarán hallar una alternativa de solución para las familias que fueron desalojadas y que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En este sentido, Manuel Cuevas comentó que “hay que analizar bien las opciones porque muchos de ellos tenían sus huertas domiciliarias y criaban animales para poder vivir, por lo que tiene que ser un lugar adecuado para eso en caso de que puedan ser reubicados”.
Según señalaron desde la Provincia, el terreno en el que se encontraban asentadas las familias pertenecen al Municipio, pero están a cargo de un fideicomiso. Es que, los predios de La Tosquera se encuentran en la zona limítrofe de Santa Catalina, donde se desarrolla y proyecta un plan de urbanización y expansión para la Capital.
Por este motivo, las personas que habitaban allí debieron abandonar sus casas, en medio de algunos cruces y de situaciones de tensión que se dieron entre las familias, representantes vecinales y la fuerza policial que concretó el desalojo hace varios días.
Tras la reunión con representantes de Derechos Humanos, las familias aguardan una respuesta que les permita acceder a un lugar donde vivir y, sobre todo, reanudar su actividad a través de la cual subsisten como el trabajo de la tierra o la cría de algunos animales.
