Entre la Administración Pública provincial y los 72 municipios correntinos completan una nómina de aproximadamente 100.000 trabajadores, a esto hay que sumar 35.000 jubilados y pensionados provinciales, lo que da un número global de (más/menos) 140.000 personas que son asalariados del Estado local. El segmento se ensancha si se suman los 130.000 asalariados del Estado nacional (entre activos y pasivos) que residen en Corrientes. En tren de sumar, hay que contabilizar también los (más/menos) 200.000 planeros que reciben una mensualidad del Estado central. Frente a esta legión de asalariados/asistidos, la plantilla de 76.700 empleados blanqueados en el sector privado claramente resulta insuficiente y denuncia el déficit de un modelo que sólo garantiza chatura y dependencia.
El país perdió en un solo mes, en marzo pasado, más de la mitad del total de puestos de trabajo en blanco que tiene la provincia de Corrientes. Es verdad que aquí la plantilla de empleados formalizados, con todos los papeles en regla, es apenas discreta, pero no es menos cierto que la desaparición de puestos de trabajo a nivel nacional ha alcanzado proporciones alarmantes. La relación es la siguiente: en marzo, Corrientes tenía 76.700 asalariados blanqueados en empresas del sector privado y en ese mismo mes en la Argentina se perdieron 40.600 puestos laborales.
Este parangón podría ser tachado por antojadizo, pero la enunciación de las cifras sirve para dimensionar la magnitud del drama social que envuelve a los argentinos. Del total de 40.600 puestos laborales que se perdieron en marzo, casi un millar son de la provincia de Corrientes. Los datos son oficiales, fueron divulgados por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación (la cartera que encabeza Dante Sica) y surgen del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa). A través de este relevamiento se determinó que en el tercer mes de este año, había 12,08 millones de trabajadores ocupados en relación de dependencia y como independientes en el agregado del sector público y privado.
Del informe se desprende también que en el último año -de marzo a marzo- se perdieron 268.300 empleos en blanco en todo el país, una caída de aproximadamente 2,2% respecto de la medición anterior. La tendencia declinante arrancó en diciembre de 2017, cuando se anotó el último pico de ocupación.
Solamente dos distritos, Neuquén y Santa Cruz, lograron zafar de la dinámica regresiva y consiguieron hacer crecer el empleo en blanco en el sector privado en el último año, las 22 jurisdicciones restantes tuvieron números negativos, las peores fueron Tierra del Fuego (-11%), Catamarca (-7,6%), Chaco (6,6%) y Formosa (6,4%). A Corrientes tampoco le fue bien, experimentó una involución de -3% en el registro de empleo formalizado.
La comparación interanual -de marzo de 2018 a marzo de 2019- refleja que en la provincia de Corrientes se perdieron 2.400 puestos de trabajo, sólo en el último mes de lectura (de febrero a marzo de 2019) cayeron 900 empleos en blanco. Son puestos laborales en empresas del sector privado.
Puede que estos números no signifiquen mucho en el concierto global, pero ajustados a la realidad provincial tienen un fuerte impacto, primero porque se trata de empleo genuino, con todas las de la ley, y segundo porque refleja el deterioro del sector privado que arrastra un raquítico desarrollo. A la par del crecimiento de la informalidad laboral (secuela del desempleo) se vuelve más distante toda oportunidad de prosperidad en la movilidad social. El horizonte es poco esperanzador. Recuperar los puestos de trabajo que se han destruido llevará mucho tiempo en un escenario como el de Corrientes, donde no abundan los emprendimientos productivos del sector privado.
La estadística oficial que describe la crisis del país sirve en este caso puntual para mostrar los límites del mercado laboral en la provincia de Corrientes, con apenas 76.700 puestos blanqueados el sector privado no marca diferencia y por eso el Estado, en sus tres niveles (Nación, Provincia y Municipio) constituye la principal fuente generadora de empleo para los correntinos. Entre activos y pasivos hay que contabilizar más de 200.000 personas que cobran emolumentos del Estado, a la par hay un número casi similar de planes sociales, que también son asistidos por el Estado, y sólo una pequeña porción de asalariados privados. El resto se mueve en la informalidad.
Esto explica el pantano en el que se encuentra Corrientes desde hace 20 años o más.
