Un funcionario del municipio de Resistencia que tiene coronavirus cruzó con papeles vencidos hacia la ciudad de Corrientes para ver a su pareja, a quien contagió. La fiscal de la capital correntina Andrea González confirmó que inició de oficio una causa para investigar la introducción o propagación de la epidemia.
Al conocerse los hisopados positivos tanto al funcionario como a su pareja, se puso en cuarentena a todos los habitantes del edificio donde habita la mujer. La fiscal Correccional 2 de Corrientes, Andrea González, inició de oficio una causa para investigar si se violó al menos un artículo del Código Penal, dijo la funcionaria en Sudamericana.
“Se trata de corroborar la presunta violación del artículo 205 del Código Penal por parte de este hombre, es decir, pretendemos saber si violó medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”, dijo González.
La fiscal dijo que una eventual violación a ese artículo establece penas de entre seis meses y dos años de prisión. El sospechoso sería titular del área de Arquitectura en la Municipalidad de Resistencia, quien reconoció que cruzó el puente interprovincial General Belgrano con permisos vencidos.
Tras mantener contacto con su pareja se comprobó el contagio de Covid-19 en ambos, por lo que el Comité de Crisis Sanitaria de la provincia de Corrientes ordenó hisopados para todos los residentes del edificio donde vive la mujer y aisló el condominio.
Ahora, la fiscal González inició la recolección de pruebas previas a la imputación e incluye el pedido al consorcio del edificio de las imágenes de las cámaras de videovigilancia, el testimonio del personal de seguridad del edificio, testimoniales de los vecinos, así como documentaciones al Comité de Crisis.
Los detalles que intenta conocer la fiscal el día exacto del viaje del funcionario a Corrientes al tiempo que como solicitó la verificación de los permisos con los que se movilizaba. El caso se precipitó luego de que alertaran del caso a la fiscal mediante un llamado anónimo.
Recordó que al tratarse de un delito que tiene una pena menor a tres años de prisión, el funcionario podrá transitar en libertad el proceso judicial. En cuanto a la posibilidad de que la persona que lo recibió sea responsable en parte del delito, se evaluará en base a su declaración.
NOTA RELACIONADA
