Los transportistas que trabajan prestando servicios para personas con discapacidad expresaron preocupación por la situación que atraviesa el sector en esta etapa de aislamiento por la pandemia de covid-19. Denuncian que los problemas económicos se transformaron en un escenario de auténtica asfixia y remarcan que 3.200 trabajadores de todo el país “corren riesgo de no poder seguir con la actividad”.
Desde la Federación Argentina de Transportistas de Personas con Discapacidad (Fatradis) solicitaron, desde hace tiempo, un paraguas económico de asistencia para no profundizar la angustiante crisis en esta actividad. Para manifestar este reclamo están organizando una marcha federal que se realizará el 11 de junio a las 10 en todo el país, para visibilizar esta preocupante situación. En Rosario también tendrá su correlato de protesta.
“En Corrientes aún no está definido el lugar del que partiremos, pero sí la participación en adhesión al pedido de auxilio de las personas que durante tanto tiempo nos acompañaron y acompañan en el trabajo que realizamos en pos del bienestar de las personas con discapacidad”, dijo la terapeuta Gilda Kriskovich.
Las personas que habitualmente trasladaban conforman parte de los grupos de riesgo y eso resintió las prestaciones y las tareas cotidianas. En ese marco, advirtieron que las instituciones y los transportistas se encargaron en esta extensa cuarentena de la producción, selección y traslados de alimentos, medicamentos, materiales educativos, didácticos y de entretenimiento para las personas con discapacidad.
Los transportistas explicaron que el conflicto surge con los pagos de las obras sociales en las prestaciones de traslado. En este punto, el Gobierno nacional, por medio de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), se había comprometido al pago del 100 por ciento de las prestaciones, y “nos encontramos con la cruda situación de reducción de pagos de muchas obras sociales, sindicales, prepagas, y Pami”, detallaron desde la Federación Argentina de Transportistas.
Los trabajadores entienden que el contrapunto se desató “por una picardía administrativa” de la Superintendencia de Servicios de Salud y de Pami, quienes informaron que sólo habilitan los pagos a “prestaciones efectivamente realizadas”, lo que provocó “un duro golpe para los trabajadores transportistas”, cuando correspondía que fuese por prestaciones efectivamente autorizadas, resaltaron desde Fatradis.
“Esta situación dañará de manera irreversible la salud del sistema de prestaciones básicas”, finalizan en su carta declaratoria quienes, una vez que finalice la marcha, entregarán un petitorio al presidente de la Nación, Alberto Fernández, solicitando su intervención para salvar la fuente laboral de más de 3.000 trabajadores del país
