Marcos Daniel es un niño con distrofia muscular congénita con insuficiencia respiratoria, que depende de asistencia respiratoria mecánica y oxígeno domiciliario para vivir. Hace más de dos años a sus padres les retiraron la Tarifa Social del servicio eléctrico.
Este tiempo la factura de luz les aumentó el 400% y les llegaron a cortar el servicio por falta de pago. En noviembre de 2017 se aprobó Ley Provincial de Electrodependientes N° 6.418 que garantiza tarifas bajas e impide cortes por falta de pago. Los padres de Marcos gestionaron los beneficios, pero la Dpec le niega el acceso a el derecho porque la norma no está reglamentada.
Nidia Duarte y Alejandro Gómez son padres de Marcos Daniel; un niño de 11 años que padece una distrofia muscular congénita con déficit de merosina, traqueotomizado con insuficiencia respiratoria mixta.
Además de depender de una silla de rueda postural para movilizarse; Marcos Daniel también necesita de equipos médicos que ayudan en su rehabilitación y le protegen aspectos vitales, principalmente de su sistema respiratorio.
El niño necesita de asistencia respiratoria mecánica (utiliza una ventiladora de descanso Bepap) y oxígeno en su domicilio. Y su cuidado requiere de asistencia en la alimentación, higiene y movilidad.
Así indica su Historia Clínica firmado por la doctora Mirian Salmon del Hospital Pediátrico Juan Pablo II y el certificado de discapacidad emitido por el Consejo Provincial de Discapacidad firmado por los médicos Claudia Fernández, Ramiro Ledesma, Celia Zangier; quienes además recomiendan prestaciones para su rehabilitación, educación y transporte.
Nidia Duarte, su madre; es ama de casa, estudiante y colabora con un comedor comunitario. Su esposo Alejandro es trabajador informal. Hace más de dos años que ambos le reclaman a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) que les restituya la Tarifa Social para abaratar el costo de la electricidad, servicio del que dependen la vida de su hijo Marcos Daniel.
“A principios de 2016 la Dpec nos sacó la Tarifa Social. También nos cortaron la luz cuando no pudimos pagar en tiempo y forma, no porque no quisiéramos; si no que faltaba trabajo y bajaron los ingresos en la familia. Y en los últimos dos años nos aumentaron el 400% el precio de la electricidad y consumimos la misma cantidad de kilowatts que hace dos años atrás”, explicó Nidia mientras mostraba certificados de reconexión del servicio y facturas pagadas a la Dpec.
Consumiendo entre 1.000 y 1.100 kwh bimensuales, a mediados de 2015 pagaron $300 por factura. Por la misma cantidad de kwh, en mayo de 2018 la familia debió pagar $1.506 por cada factura de luz para su pequeña vivienda ubicada en el barrio Villa Celia de la Ciudad de Corrientes.
“Para nosotros la electricidad es más importante que cualquier otra necesidad, porque de ella dependen la vida y el bienestar de nuestro hijo”, señaló Nidia quien explicó que los aumentos que la Dpec viene aplicando a sus tarifas “se nos hace cada vez más difícil pagar, porque también subieron mucho otros costos fijos como alimentos y medicamentos”, añadió.
Con mucho dolor recordó que “una vez nos cortaron la luz por falta de pago, les pedimos plazos para juntar la plata y les explicamos que Marcos necesita la electricidad para vivir. Pero no hubo caso. Debimos juntar la plata entre parientes y amigos para cubrir la factura de luz y pagar la reconexión porque nuestro hijo necesitaba con urgencia la energía”.
Incluso la familia debió endeudarse “para comprar un grupo electrógeno, que sacamos con la tarjeta de mi suegro, por los constantes cortes de luz, sobre todo en el verano”, amplió la mamá de Marcos Daniel.
LES NIEGAN EL ACCESO A DERECHOS
Nidia detalló que en febrero de 2016 iniciaron las gestiones ante la Dpec para que le restituyan la Tarifa Social, que le habían quitado sin aviso ni justificaciones; o bien les asignen una tarifa diferencial por la delicada situación de salud de su hijo. Pasó el tiempo y nunca le dieron una respuesta, solo recibieron evasivas.
En noviembre de 2017 la familia se alegró mucho cuando la Legislatura correntina aprobó, por unanimidad y aclamación, la Ley Provincial de Electrodependientes N° 6.418 que les garantiza un descuento del 50% sobre la tarifa de consumo familiar de energía eléctrica; que en ningún caso les pueden cortar el suministro por falta de pago y exime a nuevos usuarios el pago de derecho de conexión.
“El Estado deberá garantizar el acceso permanente, constante y seguro de la energía eléctrica en todos los hogares de las personas electrodependientes, evitando cualquier interrupción del suministro, adoptando para ello todas las alternativas posibles al efecto de que no se produzcan cortes temporarios o permanentes, habilitándose, en su caso, la conexión del usuario a más de una línea de la red de energía eléctrica y/o proveyendo en comodato grupos electrógenos portátiles aptos para la demanda de energía del hogar del beneficiario”, señala el texto de la Ley Provincial de Electrodependientes N° 6.418.
Se trató de una adhesión local a la Ley Nacional 27.351 de Electrodependientes que está vigente desde abril de 2017, que es más justa y equitativa por le reconoce “la totalidad de la facturación del servicio público de provisión de energía eléctrica que se encuentre bajo jurisdicción nacional”; obliga a las distribuidoras a “entregar al titular del servicio o uno de sus convivientes un grupo electrógeno o el equipamiento adecuado, sin cargo incluyendo los costos de funcionamiento asociados”. Y establece que las empresas, como la Dpec, deben habilitar “una línea telefónica especial gratuita de atención personalizada destinada exclusivamente a la atención de los usuarios electrodependientes por cuestiones de salud disponible las 24 horas incluyendo días inhábiles”.
Nidia Duarte contó que “en febrero de 2018 volvimos a retomar las gestiones para que nuestro hijo pueda acceder a los derechos que le asigna la Ley Provincial y la Ley Nacional de Electrodependientes. Primero le enviamos una nota al interventor de la Dpec Alfredo Aun, explicándole nuestra situación económica y le enviamos la historia clínica de nuestro hijo”.
Detalló que también abrieron un expediente, el N°0875-000917-2018; insistieron con las gestiones personales hasta que en la Dpec recientemente les respondieron: “nos dijeron que no nos pueden dar los beneficios porque la Ley Provincial de Electrodependientes no está reglamentada, entonces no está operativa y que la Dpec no puede hacer nada”, comentó desahuciada Nidia que, junto a su familia, ahora dependen de las ganas de reglamentar leyes que tengan en el Ejecutivo Provincial personas sin urgencias económicas como el que sí padecen los más vulnerables.
Nidia Duarte y su esposo Alejandro Gómez también acercaron el caso de su hijo Marcos a la Defensoría del Pueblo de la Provincia, donde dejaron registrada la demanda y les comentaron que en esa dependencia acumulan cientos de denuncias similares. Norte
