Un grupo de trabajadores buscó cortar el cruce cerca de Goya en reclamo de la liquidación de la coparticipación. El dinero ya está en la provincia pero se necesita una confirmación nacional para los depósitos. Se estima que se resolverá la semana entrante.
Un grupo autoconvocado de productores tabacaleros intentaron cortar la Ruta 12 ayer al mediodía en reclamo del pago nacional de la coparticipación. Aunque se reunieron a la altura del kilómetro 793, no lograron las suficientes adhesiones para efectuar el piquete.
“Están pidiendo fondos que están en el IPT. Es dinero que se deposita de forma sistemática todos los meses pero para que ese dinero salga a los productores necesita un número de resolución. Ese número depende de Nación porque es la encargada de juntar todos los datos que se producen de tabaco en el país”, detalló a El Litoral el interventor del Instituto Provincial del Tabaco (IPT), Cristian Vilas.
Según dijo, este año “se atrasó en salir la resolución porque hubo provincias que no entregaron a tiempo los datos o que cerraron más tarde el acopio. Por ende, no se sabe bien cuánto se produce y el jueves se hará una reunión virtual en la cual van a pasar los datos de cuál es el índice para Corrientes y cuánto le corresponde”. “No podemos distribuir hasta que no tengamos el número de resolución”, resaltó. En ese sentido, Roberto Segovia, presidente de la cámara de Tabaco a El Litoral, indicó que luego de una reunión el jueves pasado, presentaron una nota a la secretaría nacional correspondiente. Por eso, desde su equipo decidieron esperar una respuesta y “dar un margen de tiempo” antes de hacer una movilización.
En este sentido, el trabajador explicó que aunque conocen la situación burocrática, presentaron una nota solicitante pidiendo que se paguen los $15 pesos por kilo de acopio “a cuenta”. “Como la plata ya está, que lo hagan a cuenta”, resaltó.
La situación del sector se enmarca dentro de conflictos internos de la Cooperativa de Tabacaleros de Corrientes en la que no se aprobaron los balances internos de 2019 y 2020. Aunque si bien entienden que la pandemia fue la principal razón de ejecutar sin claridad algunos procesos, hay derogaciones que no se pueden justificar.
