Se trata del ex secretario de Seguridad del municipio de la localidad correntina de Paso de los Libres quien renunció al cargo, tras conocerse que fue defensor de un automovilista que atropelló y mató a un docente en esa ciudad fronteriza correntina. La entidad que representa a los letrados en esa circunscripción judicial, salió en defensa de su par.
La controversia generada tras la renuncia del ex secretario de Seguridad Municipal, abogado correntino Gustavo García, por asumir la defensa del único imputado en la causa por el siniestro vial que provocó la muerte del profesor Mauro Báez Martelli, continúa sumando repercusiones. En las últimas horas, la abogada María Agustina Jordán (M.P. 4-7107) y el Colegio de Abogados de la 4ª Circunscripción Judicial de Corrientes expresaron públicamente su respaldo al profesional y reivindicaron el derecho constitucional a la defensa en juicio.
En una carta abierta dirigida a la comunidad, Jordán sostuvo que el debate excede la figura de García y se centra en un principio fundamental del Estado de Derecho: que toda persona tiene derecho a contar con una defensa técnica, sin importar la gravedad o la repercusión social de la causa. Citando el artículo 18 de la Constitución Nacional, afirmó que "la defensa en juicio de la persona y de los derechos es inviolable" y consideró que el ex funcionario no incurrió en ninguna incompatibilidad legal ni ética al ejercer simultáneamente su profesión de abogado.
La letrada también aclaró que defender a un imputado no implica justificar los hechos que se investigan, sino garantizar el debido proceso y el respeto de las garantías constitucionales. Al mismo tiempo, expresó su respeto por el dolor de la familia de Mauro Báez Martelli y sostuvo que la búsqueda de justicia debe desarrollarse dentro del marco de la ley.
En la misma línea, el Colegio de Abogados difundió un comunicado oficial en el que repudió las expresiones injuriosas dirigidas contra abogados que participaron en la causa, entre ellas la frase "abogados de asesinos", pronunciada durante manifestaciones públicas. La institución recordó que toda persona goza de la presunción de inocencia hasta que exista una condena firme y remarcó que identificar al defensor con los hechos atribuidos a su cliente constituye un grave desconocimiento de los principios básicos del sistema judicial.
Además, el Directorio sostuvo que exigir la renuncia de un funcionario por ejercer la defensa penal de un imputado significa castigar el libre ejercicio de la abogacía. Señaló que el Decreto Ley N.º 119/2001 no establece ninguna incompatibilidad para que un abogado que desempeña un cargo público municipal asuma una defensa penal ajena a sus funciones, por lo que consideró improcedente crear restricciones mediante la presión social o política.
Finalmente, el Colegio reafirmó su compromiso con la defensa de sus matriculados, aclarando que el respaldo institucional a García no implica pronunciarse sobre la responsabilidad penal del imputado, cuestión que deberá resolver exclusivamente la Justicia. Asimismo, convocó a la comunidad a distinguir entre el legítimo reclamo de justicia de la familia de la víctima y el respeto a las garantías constitucionales que protegen el derecho de defensa, uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho.
El caso continúa generando un intenso debate en Paso de los Libres, donde conviven el reclamo de justicia por la muerte de Mauro Báez Martelli con una discusión jurídica sobre los límites de la presión pública y la independencia del ejercicio profesional de la abogacía.
Además, la secretaría de Seguridad municipal, no posee dentro de su competencia la seguridad vial, cuestión que está a cargo de la secretaría de gobierno a través de la dirección de tránsito, y segundo se está evaluando la presentación de acciones penales y civiles contra los responsables de semejante escarnio.
