El Juzgado Federal N°1 de Corrientes ordenó la restitución inmediata de Emilio Rotela como secretario general del Sindicato de Camioneros local.
La medida también incluye la suspensión de los procesos disciplinarios que se habían iniciado en su contra y frena la realización de una asamblea prevista para el 1 de junio, convocada con el fin de tratar su expulsión. La resolución judicial surge tras la presentación de una acción de amparo sindical impulsada por el equipo legal del dirigente.
La demanda, acompañada de una solicitud de medida cautelar, denunció una serie de irregularidades en la conducción del sindicato.
Entre ellas, la negativa del acceso a los servicios de la obra social, el corte de haberes correspondientes a su función sindical desde noviembre del año pasado, y la imposibilidad de retomar su cargo tras finalizar su licencia.
Según los denunciantes, estas acciones vulneraron los derechos laborales y gremiales de Rotela, quien padece una patología médica y se encontraba sin cobertura médica ni ingresos durante más de tres meses.
AUTONOMÍA SINDICAL Y ACCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL
Desde la defensa del dirigente señalaron que, si bien los sindicatos gozan de autonomía para su funcionamiento, «deben respetar las normas constitucionales y legales». En este caso, el conflicto interno adquirió una dimensión tal que «merece la atención de un juzgado federal», afirmaron.
El amparo fue presentado ante la justicia como una respuesta a lo que consideraron un uso irregular del poder dentro del gremio.
Consultados sobre la posibilidad de que el fallo no sea acatado por las actuales autoridades del sindicato, desde la parte actora indicaron que será el juzgado federal quien determine las acciones correspondientes.
«Además de reconocerle la función, debe garantizarse la posibilidad efectiva de dirigir el sindicato», afirmaron. Si no se cumple la orden judicial, podría configurarse un delito de desobediencia, aunque aclararon que «eso será determinado por la fiscalía y el juzgado».
