La organización delictiva realizaba viajes a Uruguayana, en Brasil, para trasladar dinero de manera ilegal, traspasando controles con anuencia de personal de AFIP-DGA
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de empresarios y funcionarios aduaneros de la sede de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, por ser considerados responsables de los delitos de cohecho y contrabando agravado. El fallo fue firmado por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Daniel Petrone y Juan Carlos Gemignani.
Según la causa, los implicados integraron una organización que, entre 2015 y 2017, se dedicó al cobro de coimas, lavado de dinero -presuntamente procedente de delitos como narcotráfico y la trata de personas- y contrabando de bienes entre la ciudad correntina de Paso de los Libres y Brasil. En el debate oral se pudo constatar que la organización, con división de funciones y roles, realizaba viajes a Uruguayana, en Brasil, para trasladar dinero de manera ilegal, traspasando controles migratorios y aduaneros, muchos de ellos con anuencia de funcionarios públicos pertenecientes a la AFIP-DGA, que también fueron condenados.
En el juicio oral los jueces dispusieron el decomiso de inmuebles y objetos que fueron utilizados para cometer los delitos; la cancelación de la personería de dos firmas involucradas en la maniobra y la pérdida de todos los beneficios estatales que tuvieran las personas que resultaron condenadas. También ordenaron que, una vez que la condena esté firme, se pongan a disposición de la Administración Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) las armas secuestradas
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Apelaciones mediante, Casación revisó el caso y confirmó las condenas para José Ángel Longhi, Horacio José Velozo, Carolina Andrea Vesga Gómez, María Claudia Gatti, Lucía Pompeya Fernández y Carlos Martín Dubra. De esta manera se convalidaron las penas impuestas por el Tribunal Oral en los Criminal Federal de Corrientes respecto de algunos funcionarios que oscilan entre los 4 años y los 5 años y 6 meses de prisión.
Asimismo, por mayoría, los jueces resolvieron anular la absolución del funcionario Jorge Luis Niveyro y de la denominada “pasera” Raquelina Liliana Núñez, quien traspasaba mercadería a través de la frontera y, a fin de sortear los controles, efectuaba una contraprestación dineraria.
Por otra parte, el máximo tribunal penal federal del país hizo lugar a los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por Unidad de Información Financiera -en su calidad de querellante- y por mayoría, se anularon las absoluciones de Ricardo Aguirre, María Clelia Ramona Espada y Ricardo Gustavo Aguirre, por el delito de lavado de activos por arbitraria valoración de los elementos probatorios y por errónea interpretación de la ley 27.260.
Finalmente, en cuanto a los delitos de tenencia de arma de fuego se convalidó, por mayoría, la condena dictada respecto de Pablo Martín Marsilli y se suspendieron los recursos a fin de que se analice la vigencia de las acciones de los hechos adjudicados a Carlos Martín Dubra y Eduardo Matías Bravo, señaló la sentencia de casi 200 páginas a la que accedió Infobae.
